• Los mandatarios provinciales temen ser perjudicados en el Presupuesto y en el plan de cancelación de deudas con la Nación, donde ven un guiño a la Corte Suprema.
  • La Rosada monitorea las adhesiones al RIGI.
  • El Ejecutivo cambia y amenaza con apurar el envío de pliegos de jueces al Congreso.