El alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles, pero, sobre todo, para las personas migrantes que, además de afrontar los precios de las rentas más caros de la historia, soportan un racismo inmobiliario que les dificulta el acceso a una vivienda, asegura Edwin Velasco, portavoz del Grupo de Trabajo de Estrategia Antirracista del Sindicato de Inquilinas.
Considera esencial que, para paliar este problema, los inquilinos deben organizarse porque “ni los políticos, ni las leyes están a su favor”. Asegura que su agrupación no cree en “partidos políticos ni en políticas partidistas” porque “los compromisos de los partidos, sean del color que sean, se quedan en promesas vacías”. Defiende que son los que pagan los alquileres los que deben tomar las riendas para impulsar todas sus demandas, tanto las generadas para combatir el racismo inmobiliario como las destinadas a regular los alquileres.
Pregunta: Con los precios en máximos históricos y la escasa oferta de viviendas en renta, ¿acceder a un piso en alquiler en las grandes capitales se ha convertido en una misión casi imposible para las personas migrantes?
Respuesta: Sí. Prácticamente imposible, diría yo. Este problema no es solo de la población migrante, también lo sufren los españoles con ingresos medios y bajos. Nos cuesta a todos alquilar, pero a las personas migrantes y racializadas les cuesta el triple y hasta el cuádruple que a los autóctonos. A los migrantes, entre los que me incluyo, las inmobiliarias y los caseros les aumentan los requisitos para poder acceder a un alquiler y, en muchos casos, ni siquiera les permiten visitar el piso al detectar, por su acento, que no son españoles. Para las personas migrantes y racializadas alquilar en las grandes ciudades se convierte en una misión imposible incluso cuando cumplen todas las condiciones que las inmobiliarias les exigen.
P.: ¿En España existe racismo y discriminación en el mercado del alquiler?
R.: Sí. Al igual que los españoles, los migrantes padecemos el avance feroz de la especulación por parte de fondos buitre que compran bloques enteros de viviendas y expulsan a las personas más vulnerables, ya sean migrantes o españoles. Pero el colectivo migrante se ve más perjudicado todavía porque existe un racismo estructural que le niega el derecho de empadronamiento, lo cual es un requisito necesario para acceder a servicios básicos institucionales en España. En esto tienen mucho que ver algunos mensajes de determinados colectivos que dibujan al migrante como un chivo expiatorio que se está beneficiando de recursos públicos. Este es el discurso de partidos de la derecha que también les acusan de agravar el problema de la vivienda cuando no es así. El problema está en que no hay una ley de vivienda efectiva que regule los alquileres y los requisitos que se exigen para arrendar y que trate de sacar al mercado las viviendas vacías que hay en el país. Está claro que en España existe racismo inmobiliario y un ejemplo es mi caso. Soy colombiano e intenté durante meses alquilar un piso con dos amigas españolas. Cuando nos pedían los requisitos y entregábamos la documentación nos decían que no cumplíamos con los perfiles y una de las razones de ese rechazo era que soy colombiano. A pesar de tener un trabajo indefinido y unos ingresos que cumplían con lo que pedían, no me querían de inquilino. Nos rechazaban por mí y nos costó muchos meses poder acceder a una vivienda.
P.: Hay anuncios de viviendas en alquiler en los que aparecen anotaciones como “Abstenerse extranjeros”, “Abstenerse de llamar personas de origen extranjero”, “No extranjeros”. Esto es ilegal ¿por qué se permite? ¿Qué se puede hacer en estos casos?
R.: Esto se permite porque actualmente la única base legal y jurídica que hay relacionada con esto es la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que en su artículo 20 hace referencia al acceso a la vivienda y que las instituciones públicas tienen que dar y promover este acceso. También en este mismo artículo se hace alusión a que hay diferentes tipos de de discriminación directa e indirecta. Y en España hay discriminación de ambos tipos. La directa se aprecia cuando junto a anuncios de pisos en renta excluyen a los migrantes y la indirecta se aprecia perfectamente cuando las inmobiliarias aumentan los requisitos a las personas migrantes que quieren alquilar. Aunque haya una ley de igualdad de trato y no discriminación, la normativa y la realidad funcionan de manera totalmente distinta y la ley lo va a seguir permitiendo. Se necesita una ley de arrendamientos urbanos acorde con la realidad, que regule los alquileres, que esté pendiente de que las inmobiliarias jueguen un papel más allá de la especulación y de lucrarse a costa de los inquilinos.
P.: ¿Exigir un mayor número de garantías a las personas migrantes por parte de las inmobiliarias a la hora de acordar un alquiler es una forma más sutil de discriminarlas pero igual de excluyente?
R.: Por supuesto. Y es que no solamente te piden el mes de fianza y el mes de entrada, sino que exigen un mes para la inmobiliaria que te está haciendo el trámite del proceso. También demandan seguros haciendo que la cantidad de dinero exigida para alquilar sea inasumible para esa persona. Es un proceso de deshumanización que practican principalmente las inmobiliarias, porque no hay un control. Ello hace que muchos migrantes se valgan de redes de apoyo, como amigos o familiares para poder alquilar. Estas personas contratan por ellas. Más del 70% de inmobiliarias llevan a cabo prácticas discriminatorias con migrantes. Si un migrante habla mal español o no sabe hablarlo se le cierran las puertas del alquiler. El racismo inmobiliario no solamente se da en el acceso al alquiler, sino en las condiciones a las que se accede a él. Muchas veces estas personas se ven obligadas a alquilar infraviviendas a un precio alto porque no tienen otra opción, o vivir allí o quedarse con sus hijos en la calle.
P.: ¿Por qué existe esta discriminación? ¿Por qué tienen miedo los caseros a alquilar a una persona migrante?
R.: Porque determinados sectores quieren meter miedo a los caseros con el objetivo de aumentar sus ingresos y los gobiernos no han intervenido para frenarlo. Un ejemplo son las empresas de desocupación o plataformas como Alquiler Seguro que pretenden aumentar su cartera de clientes metiendo miedo a los arrendadores y constantemente enfatizan que el problema son las personas migrantes porque van a dejar de pagar las rentas o van a destrozar las casas alquiladas, cuando nada justifica esta acusación. Esto se ha ido generalizando y normalizando hasta llegar a un punto que ya es insostenible. Ahora hay una campaña por parte de grandes propietarios y de fondos buitre haciendo ver que realmente hay un problema y la amenaza son los migrantes. Estos mensajes incrementan el racismo estructural en el que se engloba el racismo inmobiliario. Y es que aunque muchas veces se dice que España no es un país racista, continúa con unas dinámicas bastante racistas, excluyentes en muchos aspectos y que van más allá del alquiler de la vivienda. Existen unas dinámicas propias contra las personas migrantes que por su menor poder adquisitivo, su color de piel o porque no saben hablar bien español se les está impidiendo acceder a una vivienda en renta.
P.: ¿La normativa española existente para frenar el racismo inmobiliario es suficiente o se necesitan más leyes para evitarlo? ¿La nueva Ley de la Vivienda ha introducido mejoras en este sentido?
R.: Realmente en España no se ha hecho nada para frenar el racismo inmobiliario. Desde el Sindicato de Inquilinas presentamos en septiembre una proposición de ley para la regulación de alquileres de habitaciones y de temporada porque son una manera en la que los fondos buitres y otros propietarios de viviendas evaden la ley pero el Congreso tumbó su admisión a trámite. El racismo inmobiliario no se conoce porque se habla poco de él. A muchos no les interesa que se conozca. Los últimos datos que se tienen son de 2020 y los publicó la ONG Provivienda en un informe. Para hacer frente a este problema es necesaria una ley de arrendamientos urbanos que contemple todas las realidades y que regule el mercado del alquiler, porque si no los fondos buitre y los grandes tenedores se van a seguir lucrando. Parece que tanto el Gobierno como las autonomías y los ayuntamientos están a favor de que se especule con el alquiler, de los fondos buitre y de los grandes propietarios y vuelven la espalda a la ciudadanía que es la que sufre esta situación pagando alquileres cada vez más altos.
P.: Un problema cada vez más acuciante para los migrantes es el subarriendo ¿por qué está creciendo a esta velocidad?
R.: Estamos viendo que el subarriendo está aumentando en zonas del sur de Madrid. Se articula en un contrato verbal entre propietario e inquilino que es difícil de probar, de justificar y que al alquilado le deja en un vacío legal, en un limbo donde no sabe cómo actuar y defenderse cuando el casero decide echarle arbitrariamente. Hay casos en Usera en que los propietarios tienen subarrendada una habitación a cinco personas y sin contrato.
P.: ¿En este contexto la unión hace la fuerza?
R.: Por supuesto, hay que organizarse para defenderse porque ni los políticos, ni las leyes están a nuestro favor. La autoorganización es cada vez más importante para superar esa visión del migrante sin capacidad organizativa, la de un pobrecillo vulnerable. Organizados a través del Sindicato de Inquilinas podemos lograr grandes cosas. No creemos en partidos políticos ni en políticas partidistas porque los compromisos de los partidos, sean del color que sean, se quedan en promesas vacías. Somos los que pagamos los alquileres los que tenemos que tomar las riendas para poder impulsar todas nuestras demandas, tanto las generadas por el racismo inmobiliario como por la regulación de los alquileres. Realmente no hay una medida legislativa con la que solucionar la situación del alquiler y tampoco que establezca sanciones que palíen la situación.
P.: ¿Esta discriminación por parte de inmobiliarias y propietarios se produce en todo tipo de migrantes o depende del país del que procedan? ¿Tratan igual a un inmigrante francés, sueco o italiano que a los procedentes de países de África, Latinoamérica o el Este de Europa?
R.: No. En general, no es lo mismo ser un migrante sueco o italiano que ser de un país de África o Latinoamérica. A estos últimos se los sigue relegando, al igual que a los ciudadanos españoles con las rentas más bajas.
P.: ¿El problema del racismo inmobiliario se da más por el nivel económico de los migrantes o por el color de piel?
R.: Es una cuestión de dinero y de clase social, del poder económico que tengan las personas que quieren alquilar. No es lo mismo una persona con alto poder adquisitivo que venga de Colombia, Venezuela o México a Madrid y necesiten alquilar, que una persona con rentas medias o bajas que viene a trabajar y a salir adelante para poder ayudar a su familia. Si el inmigrante tiene suficiente pasta para pagar un alquiler en la mejor zona de una gran ciudad y pagar más de 2.000 euros al mes de renta, las inmobiliarias no les ponen ningún inconveniente. El migrante que se ve excluido es el que tiene menos ingresos aunque sean los suficientes para pagar un alquiler. Las inmobiliarias no solo excluyen a los migrantes por el color de su piel sino por el tamaño de su cartera. Los que quieren y pueden alquilar una casa en el Barrio de Salamanca de Madrid no tienen problemas, los que los tienen son los que quieren alquilar en Usera o en Carabanchel. En estas zonas, hasta ahora era más sencillo alquilar, pero en este momento se exigen cada vez más requisitos imposibles de cumplir. Hay un propósito de excluir a los márgenes de las ciudades a las personas con menor poder adquisitivo y entre ellas están los migrantes.
P.: Antes citaba el informe que Provida hizo en el año 2020. Decía que siete de cada diez inmobiliarias contactadas por la ONG rechazaban de forma explícita alquilar a migrantes. ¿Esta situación ha mejorado desde 2020 o no?
R.: No, no ha cambiado nada. De hecho, ha empeorado. Una de las causas es que el racismo inmobiliario no está visibilizado. Uno de nuestros objetivos es sacarlo a la luz y denunciarlo porque no se tiene en cuenta. Los fondos buitre, los grandes propietarios y las inmobiliarias ven en el alquiler una oportunidad de especular sin ningún tipo de freno y ha llegado un punto en que todos los ciudadanos lo sufren, sean españoles o migrantes. Aunque el problema se triplica o cuadruplica para estos últimos. Por ello estamos organizando una manifestación para el 13 de octubre con diferentes colectivos de movimiento de vivienda. Nos estamos acercando a diferentes colectivos de migrantes, porque realmente es la autoorganización lo que ayudaría a resolver el problema. Los afectados son los que deben tomar las riendas para conseguir medidas justas porque todo apunta a que la situación va a empeorar si no se hace nada.