El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha asegurado que los obispos no han recibido aún «ninguna notificación oficial» de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre la denuncia presentada por víctimas de abusos por filtrar sus datos personales en Internet durante al menos 18 días.
«No ha llegado ninguna notificación a la Conferencia Episcopal sobre ese asunto», ha asegurado García Magán, al tiempo que ha precisado que no va a hablar sobre quién era el responsable del tratamiento y la protección de esos datos porque está «bajo informe de la Agencia de Protección de Datos».
Así lo ha indicado este martes, en la rueda de prensa posterior a la 268 reunión de la Comisión Permanente, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre en la sede de la CEE, en Madrid.
Según ha precisado el también obispo auxiliar de Toledo, «lo que está precisamente ahora decidiéndose» es «si esa filtración ha sido responsabilidad de la Conferencia Episcopal o de otra instancia».
En todo caso, ha explicado que desde la CEE han aportado a la AEPD «la información que se ha requerido» pero no han recibido «ulterior comunicación de la Agencia de Protección de Datos».
Según adelantó ‘El País’ el pasado mes de julio, y confirmaron a Europa Press desde el despacho Luis Felipe Gómez Ferrero, abogados de los denunciantes, la posible filtración de datos tuvo lugar entre diciembre del año pasado y enero de 2024. En este sentido, agregaron que el documento incluía los nombres y apellidos de las víctimas, y, entre otros detalles, un breve relato de los hechos, la fecha y lugar en que sucedieron, la edad que tenían las víctimas cuando fueron agredidas y el tipo de abusos que sufrieron.
Por otro lado, sobre la comisión asesora del plan de reparación a víctimas de abusos (Plan PRIVA), el portavoz de los obispos ha confirmado que ya ha comenzado a trabajar y su primera misión será «establecer un reglamento, una normativa de actuación».
García Magán ha destacado que se trata de una «comisión independiente, profesional», compuesta por expertos y en la que no hay «ningún obispo», aunque sí un religioso y dos miembros de asociaciones de ayuda a víctimas, pero ha precisado que «la condición de víctima no ha sido determinante» para su incorporación al grupo de trabajo.
Preguntado sobre si las palabras del Papa, en el vuelo de vuelta tras su visita a Bélgica y Luxemburgo, –cuando dijo que 50.000 euros de indemnización civil a las víctimas le parecía demasiado poco–, marcarán un mínimo para las indemnizaciones de la Iglesia, García Magán ha expresado que «si el Papa ha dicho esa opinión, bueno, pues ahí está» pero ha abogado por dejar trabajar «libremente» a los integrantes de la comisión asesora.
Respecto a los actos de reparación públicos, como el que la Iglesia de Madrid ha organizado y que celebrará el próximo 21 de octubre, el secretario general de la CEE ha avanzado que también habrá un acto público de reparación organizado por la Conferencia Episcopal y que la fecha se fijará previsiblemente en la próxima reunión de la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar en noviembre.