La presidenta Dina Boluarte pidió este domingo al Congreso aprobar el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para combatir el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal, en pleno estado de emergencia en 14 distritos por la ola de inseguridad ciudadana.
Desde Piura, donde entregó más de 100 patrulleros para las comisarías de la región, se dirigió a los legisladores para requerir “la pronta discusión” de la iniciativa. “Es momento de endurecer las penas, es momento de mostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros”, señaló.
Boluarte también hizo un llamado enérgico a la Policía Nacional (PNP) para intensificar sus acciones contra la ola criminal que esta semana paralizó a los transportistas, víctimas de actos extorsivos. “Quiero decirle a la PNP que no les tiemble la mano cuando les toque luchar contra la delincuencia. Intensifiquen sus acciones”, dijo.
“En mi gobierno no vamos a permitir el caos ni la anarquía que muchos quieren sembrar. La delincuencia, tenga la cara que tenga, no tiene lugar en este Perú de ciudadanos emprendedores. Los delincuentes tienen las horas contadas y estarán pronto donde les corresponde estar, que es entre rejas”, agregó.
La gobernante destacó los esfuerzos del Ejecutivo para ofrecer espacios de recreación y bolsas de trabajo, ya que, según su percepción, “el que delinque es porque no tiene ingresos, seguramente, aunque otros ya lo hacen, sabe Dios, por ambición o porque tienen la sangre del sicariato”.
Al dejar de leer su discurso, Boluarte también se dirigió a sus críticos y dijo que trabaja “sin descanso”, después que La Encerrona revelara que no registró actividades oficiales debido a que se sometió un procedimiento estético no invasivo. “En lugar de mentiras, sembremos confianza. Somos el país que maneja responsablemente su economía y el costo de vida más bajo de América Latina. Eso nos debe generar orgullo, no críticas que ya nadie les cree”, apuntó.
El último jueves, el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao para que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP en el resguardo de las calles y las vías de circulación de los servicios de transporte público, después que estas empresas denunciaron ser víctimas de ataques armados, que han acabado con la vida de varios de sus conductores e incluso pasajeros, por parte de mafias de extorsionadores y sicarios.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que el Ejecutivo continuará evaluando la situación para ampliar dicha condición a otros distritos del país. Lima Metropolitana y el Callao ya estuvieron bajo estado de emergencia por disposición del Gobierno del Pedro Castillo (2021-2022) durante 315 días por el aumento de la criminalidad.
El Ejecutivo de Boluarte también declaró la emergencia en algunos distritos de la capital en septiembre, tras la explosión de una granada en la puerta de una discoteca. Cuando la prensa preguntó al Gobierno qué cambiará en este estado de emergencia, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, dijo que se va a requerir la participación de “todos los actores sociales” para garantizar la seguridad ciudadana.
En las últimas semanas, al menos tres conductores fueron asesinados como consecuencia de esa ola de crimen. Los distritos limeños que comprende la medida actual son Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica, así como Ventanilla en el Callao.