El Tribunal de Juicio de Goya, provincia de Corrientes, condenó ayer a 13 años de prisión a Guillermo Américo Córdoba (36), concejal del Partido Justicialista de esa ciudad, por haber abusado sexualmente de tres mujeres que militaban para él. Dos pertenecían al Movimiento Evita y otra a la agrupación Barrios de Pie. Por ahora, el edil permanecerá en libertad hasta que la condena esté firme y mantiene su cargo en la Legislatura local.
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Carlos Castillo, a la que accedió Infobae, los hechos denunciados por las tres mujeres ocurrieron entre 2020 y 2023. Los detalles que se desprenden de la investigación, que incluyen la declaración de las víctimas, las pericias psicológicas y los testimonios de testigos, son aberrantes y dan cuenta de cómo el dirigente se aprovechó de su situación de poder para abusar a las militantes.
La primera víctima es una joven que hoy tiene 25 años, a quien violó dentro de la sede del Movimiento Evita de Goya. Los abusos ocurrieron primero entre agosto de 2020 y el mismo mes del año 2021. Según el documento, Córdoba “abusó de la relación de poder que ejercía sobre la víctima” dentro de la organización social donde ambos trabajaban.
Se “valió de amenazas como dejarla sin trabajo, quitarle el plan social que percibía y hacerle la vida imposible”, para “someterla sexualmente, obligándola a practicarle sexo oral y accediéndola carnalmente (…) en reiteradas oportunidades”, en el inmueble donde funciona la organización.
La joven denunció también que, una noche de mayo de 2022, mientras circulaba a bordo de un auto Ford Focus, el concejal la interceptó en la calle y le dijo que subiera al vehículo para hablar. Sin embargo, su intención no era charlar sino asegurarse de que la joven no contara el horror al que fue sometida.
“Mientras transitaban a alta velocidad por la ruta en inmediaciones del Gauchito Gil de Goya, le dijo que, si seguía hablando con las mujeres del abuso, le iba a complicar la vida, ocasionándole temor”, dice el documento judicial.
En la denuncia que luego radicó la joven ante la Unidad de Recepción y Análisis de Casos, contó que el concejal peronista la encerraba en un cuarto de la parte superior de la sede del Movimiento “y le tocaba las nalgas sobre la ropa y los pechos por debajo de su ropa interior”. Además, denunció que “27 compañeras pasaron por situaciones similares”.
Infobae dialogó también con Conrado Rudy Pérez, abogado querellante, quien aclaró que las denuncias corroboradas por la Justicia son tres y que el tribunal emitió su sentencia en base a esos casos.
Entrevistada por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), la joven contó que el dirigente “le decía que si ella no accedía, le iba a quitar el plan social que percibía, y además la amenazaba con hacerle la vida imposible”.
Los otros dos abusos
El segundo hecho denunciado en la UFRAC supuestamente ocurrió a las 22 horas de un día de febrero de 2023, luego de una reunión que se hacía semanalmente en la sede del Movimiento. Allí, una militante de 39 años se quedó después de hora para confeccionar unas planillas. En el medio, según la acusación, Córdoba la sorprendió de atrás, le manoseó el pecho y le apoyó su miembro, “sin que ella pudiera consentir libremente la acción”.
La víctima se dio vuelta, discutió con él y se retiró del lugar. “Desde entonces Córdoba comenzó a hostigarla, llamándola a cualquier hora a su celular y persiguiéndola en lo laboral, ya que le hacía trabajar a cualquier hora, hasta durante la madrugada”, dice la acusación.
Por último, a comienzos de junio de 2023, tuvo lugar el tercer hecho denunciado. Esta vez la víctima fue una integrante del Movimiento Barrios de Pie, abusada en el departamento del concejal. De acuerdo con la denuncia, en el marco de un proyecto de niñez, la mujer debía realizar relevamientos en centros comunitarios, huertas populares, merenderos y comedores, por lo que necesitaba reunirse con el dirigente.
La militante dijo que “el hombre siempre la acosó, le mandaba fotos de su casa del campo y buscaba la forma de quedar a solas con ella, dirigiéndose con excesiva confianza, por lo que tuvo que pedirle que no lo hiciera y aclararle que su relación era estrictamente laboral”.
Aquel día de junio, Córdoba primero la citó en la sede del Movimiento Evita, pero luego le mandó un mensaje cambiando el lugar y el horario: le indicó que debían encontrarse a las 15 horas en su departamento.
Mientras trabajaban, a la mujer se le cayó la birome al costado del sillón, momento en que sintió de golpe que Córdoba estaba arriba suyo, por lo que le puso el brazo e intentó defenderse. “¿Qué haces?”, le dijo la víctima. No fue suficiente y el edil la habría manoseado, pese a la resistencia que quiso oponer la mujer.
“Él le ganó en fuerza y la besó en la boca ejerciendo violencia, le desprendió el pantalón y le metió la mano en sus partes íntimas, mientras ella le pedía en todo momento que la dejara”, dice el documento. La mujer comenzó a hablar en voz alta para que la dejara, pero el abusador “trancó la puerta y no la dejó salir, por lo que ella gritó cada vez más fuerte hasta que finalmente le abrió” y pudo irse.
Testimonios e informes que sostienen la condena al concejal
A partir de las denuncias, el fiscal pudo recopilar testimonios de testigos que indicaron que Córdoba era la máxima autoridad del Movimiento Evita en Goya. Además, fue clave el informe psicológico a la primera víctima -a quien accedió carnalmente-, ya que allí se constata el daño que le ocasionó el concejal a la joven de 25 años.
“Se infiere ausencia de consentimiento de la práctica sexual por parte de la evaluada, considerando la asimetría de roles y poder, y el aprovechamiento de circunstancias de vulnerabilidad (dependencia económica)”, dice el informe elaborado por una psicóloga forense.
En ese sentido, “se observó en la entrevistada elevados niveles de ansiedad, angustia manifiesta, llanto incontenible, intranquilidad, preocupación, temor y tensión generalizada, como así también rasgos de personalidad insegura, dependiente, con tendencia a la inhibición, evitación y pasividad”. En su conclusión, la profesional confirmó que la joven fue claramente una víctima de abuso sexual.
Así, Castillo acusó al edil de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y coacción, en concurso real en perjuicio de la primera víctima. Además, le agregó abuso sexual simple por la segunda militante, mientras que por la mujer a la que abusó en su departamento, lo imputó también de privación ilegal de la libertad. El funcionario pidió 20 años de cárcel, al igual que la querella.
Finalmente, tras 11 días de debate oral, el Tribunal de Juicio de Goya, presidido por Jorge Carbone y completado por los vocales Julio Duarte y Ricardo Carbajal, lo condenaron a 13 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado (por el primer caso) y abuso sexual simple en concurso real por los otros dos. Cinco días antes, habían declarado culpable al acusado por unanimidad. En la sentencia, no incluyeron el delito de privación ilegal de la libertad ni el de coacción.
“Se puede decir que estamos conformes con la cantidad de años. Nosotros pedimos 20 pero 13 es un número que se ajusta a derecho por la gravedad”, dijo el abogado Pérez a este medio.
A pesar de que seguirá libre hasta que la condena sea firme, pesa sobre él una prohibición de acercamiento y contacto de cualquier tipo con las víctimas. Asimismo, no podrá salir del país ni incluso de Goya sin autorización judicial. También deberá presentarse el primer día de cada semana ante el tribunal. Para el abogado querellante hay riesgo de fuga, por lo que no está de acuerdo con la decisión.
“Él declaró varias veces y negó el hecho, pero no pudo demostrar que no lo hizo. Dio explicaciones de cuestiones conexas o cómo se desarrollaron algunas situaciones. Pero no se sometió a preguntas, excepto en una sola oportunidad, en la que ejerció su derecho a la defensa”, contó el letrado, quien dijo que el camino hasta lograr que vaya preso todavía es largo pero tiene la certeza de que va a ocurrir.