Madrid, 23 sep (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado, al inicio del juicio contra la antigua cúpula de la extinta caja de ahorros Sa Nostra por apropiación indebida, su petición de cuatro años de cárcel para los ex directores generales de la entidad Pere Batle y Pablo Dols, cuyas defensas han pedido la prescripción.
En la primera sesión del juicio iniciado este lunes, Anticorrupción ha confirmado también su petición de dos años de prisión para el expresidente de la caja Fernando Alzamora y para el que fuera consejero Antonio Cantallops.
En el banquillo se sientan también el que fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de Invernostra, Rafael Oliver, y los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco Morales de Jódar, para todos los cuales Anticorrupción pide 4 años de cárcel.
A preguntas de la Fiscalía, Rafael Oliver, que ha iniciado la ronda de declaraciones de los acusados, ha asegurado desconocer si se aplicaba el manual de riesgos de la caja, aunque ha reconocido que «le suena» que la comisión de riesgos estaba al tanto de las operaciones de financiación.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita que de forma solidaria hagan frente a una indemnización de 36,3 millones de euros.
De ese importe, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también actúa como acusación, recibiría el importe de su aportación financiera a BMN, y Bankia -hoy CaixaBank-, el resto, como sucesora de la extinta caja; Sa Nostra se integró junto con las cajas de Granada y Murcia y Caixa Penedès en Banco Mare Nostrum (BMN), que en 2017 se fusionó con Bankia.
La causa se centra en la relación que entre 2006 y 2010 mantuvo Sa Nostra con la sociedad inmobiliaria Sotohermoso para la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios en la provincia de Huelva.
A través de su filial Invernostra, la caja de ahorros adquirió un 35 % del capital de Sotohermoso; inmediatamente, suscribió una ampliación de capital y aprobó una serie de préstamos que en la práctica implicaba la financiación de más del 70 % del capital de la promotora.
Según sostiene la Fiscalía, la caja mantuvo una política de créditos a la promotora que carecía de sentido, dada la delicada situación del sector inmobiliario y el hecho de que apenas se iniciaron dos proyectos inmobiliarios.
Sus decisiones, adoptadas de espaldas a los órganos de gobierno de la caja y de los analistas de riesgos, pusieron a esta en una situación «de desequilibrio», indica el escrito.
Los exdirectivos hicieron caso omiso de la situación financiera de Sotohermoso y tomaron decisiones sobre préstamos sin tener en cuenta a los órganos de gobierno de la caja de ahorros y en contra de los intereses de ésta.
Se trata de la tercera vez que Batle, Dols y Alzamora se sientan en el banquillo, ya que en abril de 2022 la Audiencia Nacional absolvió por segunda vez a los exdirectivos por la financiación de una operación inmobiliaria del fallecido empresario Martín Gual para desarrollar un proyecto en Son Bordoy (Mallorca). EFE
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