El comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, viajará el próximo miércoles a Madrid para hacer balance del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el acuerdo auspiciado por Bruselas el pasado junio entre el PSOE y el PP; una visita durante la que prevé reunirse además con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños.
Por el momento, la agenda pública del comisario sólo incluye el encuentro con Bolaños pero fuentes comunitarias consultadas con Europa Press precisan que el objetivo del desplazamiento es «hacer balance del acuerdo alcanzado y ver los avances», por lo que Reynders espera verse también con más partes involucradas en el proceso.
El viaje coincide con la celebración en Estrasburgo (Francia) del pleno del Parlamento Europeo en el que, entre otros asuntos, se debatirá sobre la crisis en Venezuela y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informará de su propuesta para el nuevo Colegio de Comisarios, lo que puede complicar que el vicesecretario de institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, esté en Madrid, pero el comisario también ha pedido verse con él.
Bolaños y González Pons lideraron las negociaciones tuteladas por Bruselas para buscar el acuerdo que permitiera sacar del ‘impasse’ de más de cinco años al órgano de gobierno de los jueces, que llegó después de seis meses de contactos. El documento firmado por PP y PSOE establece además un plazo de seis meses desde la renovación para que el CGPJ presente una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados.
Fue en una reunión el pasado 25 de junio con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, la liberal checa Vera Jourova, cuando ambos anunciaron el pacto para renovar el CGPJ y la ‘hoja de ruta’ a seguir para avanzar hacia la reforma del sistema de elección de los vocales.
Las fuentes consultadas ciñen este viaje únicamente al seguimiento de la aplicación del acuerdo sobre el CGPJ y lo desvinculan del examen de la Ley de Amnistía aún pendiente en Bruselas. En noviembre del pasado año, cuando la norma aún no había sido registrada en el Congreso de los Diputados, Reynders pidió explicaciones al Gobierno y apuntó que sus servicios llevarían a cabo un análisis pormenorizado para dirimir si la ley es compatible con el Derecho comunitario pero no hay un plazo para su conclusión.