No cabe duda que vivimos en un grave estado de excepción en el cual las garantías de libertad de los ciudadanos no tienen casi ninguna vigencia. Lamentablemente esto era previsible: los modelos del libertinaje económico para ricos requieren un plus de crueldad en la expresión del estado de policía.
Los excluidos aumentan y la extrema pobreza va anulando las esperanzas vitales más básicas de casi todos y todas y hay que asegurar el disfrute sin culpa ni molestias de los pocos y muy privilegiados. Muchos de estos dilemas se definen en el terreno judicial. Normalmente el ADN contra-mayoritario de los sistemas judiciales vigentes, por defecto, pone las cosas en su lugar reprimiendo, humillando y escondiendo a la gran parte de vulnerables que el mercado neo-capitalista excluye de la dignidad.
Pero a veces algunos jueces o juezas tienen la valentía de ser un escudo a favor del débil en vez de ser un socio vergonzante del poderoso. Eso sucedió en una reciente resolución de la jueza penal, contravencional y faltas, Natalia Ohman. Ella decidió declarar la nulidad de 115 detenciones y requisas a indigentes y cartoneros. Esas detenciones eran insostenibles en un Estado de Derecho, mucho más en un contexto de discursos de defensas de las libertades. Se trató de detenciones sin orden judicial, en casos de merodeo, sin motivos, argumentando de modo cínico supuestas actitudes evasivas como cruzar la calle o cambiar de rumbo o justificadas en la tenencia de latas de picadillo, destornilladores, varillas metálicas, etc. Como se ve todos ejemplos de armas de destrucción masiva (espero que se advierta la ironía).
Se trataba de personas que la iniciativa privada había arrojado a la calle, sin trabajo, sin hogar, sin alimentos y, para peor, ahora tratadas como criminales por un sistema policial que le tomó el gusto a recordar los peores momentos de la actuación en dictadura y a volver a instalar la arbitraria y degradante justificación del estado peligroso como motivo para reprimir.
Se trató de detenciones sin sospecha de ningún delito y, por ello, arbitrarias, que dañaron sin razón el derecho a la intimidad, para peor, de sujetos de extrema vulnerabilidad. Esas personas solo sobrevivían. La valiente resolución de la jueza tuvo el mérito de exponer una actuación sistemática, sin embargo, fue apelada. Era esperable que fuera convalidada por la cámara revisora si es que las garantías constitucionales más básicas tienen alguna vigencia.
De modo muy lamentable y preocupante tres jueces de cámara hace pocos días revocaron la decisión y apartaron a la jueza Ohman de su actuación en la totalidad de esos casos. La noticia, para los juristas serios, independientes y respetuosos de las garantías esenciales de un estado de derecho y libertades, no puede ser peor ni más dañina para nuestra comunidad.
La resolución solo buscó disciplinar a una jueza valiente y con ello terció, directa o indirectamente, a favor de una instancia policial que nos mostró que el riesgo de volver a las épocas más oscuras de nuestra historia institucional es enorme o mejor dicho ya no es un riesgo sino un dato de la realidad. Si la decisión de la Cámara es un anticipo del rol de los jueces frente a esta arremetida autoritaria todos y todas estaremos en libertad condicional.
* El autor de esta columna es Doctor en Derecho (UBA) y profesor titular de derecho penal y procesal penal (UBA)