Once días después de que el presidente Gustavo Petro brillara por su ausencia en el Encuentro de la Justicia Ordinaria convocado por la Corte Suprema de Justicia en el departamento del Chocó, en la mañana del miércoles 11 de septiembre se conoció que el primer mandatario volvería a dejar ‘metidas’ a las altas cortes en otro evento oficial.
De hecho, para este 12 y 13 de septiembre está citado el Conversatorio Nacional del Consejo Superior de la Judicatura 2024, con sede en la isla de San Andrés, en el que participarán el Consejo Superior de la Judicatura y toda la rama judicial del país.
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Como en el evento de la Corte Suprema, también estaba invitado el presidente Petro. Sin embargo, según información revelada por La FM, el primer mandatario confirmó que no asistirá al encuentro en el que también estarán presentes los presidentes de las altas cortes, además del vicefiscal General de la Nación, Javier Guerrero Díaz. En su lugar, estaría la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a pesar de la insistencia de la rama judicial para que sea el primer mandatario el que responda por la actual situación de la justicia en el país.
Según el medio radial, la no asistencia de Gustavo Petro fue confirmada hace varias semanas por la Presidencia de Colombia, justo cuando se presentaron choques entre el Ejecutivo y la rama judicial por el recorte presupuestal que tendría la justicia según el proyecto presentado por el Gobierno nacional para el Presupuesto General de la Nación 2025.
Incluso, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, se despachó en reparos contra el primer mandatario por los posibles líos que enfrentaría la justicia el próximo año tras la reducción de 3.5 de los 13.5 billones que solicitó para el 2025.
“Nos deja sin asignación para cubrir la bonificación judicial como factor salarial. Deja sin cubrir la creación de 1.607 cargos transitorios para atender situaciones concretas de congestión judicial. Nos deja sin una financiación para el rubro de pagos y conciliaciones que asciende a un billón 300 mil millones de pesos”, comentó Remolina a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
La plantada de Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia
La ausencia del presidente Gustavo Petro en la isla de San Andrés se conoce días después de que cancelara su participación en el Encuentro de la Justicia Ordinaria en Chocó, sin previo aviso, el pasado 30 de agosto, generando malestar entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El evento, programado para debatir desafíos de la justicia en los territorios, contaba con la confirmación de asistencia de Petro y otras autoridades locales como la gobernadora del Chocó y el alcalde de Quibdó, según información publicada por La FM.
Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó en una rueda de prensa que la ausencia de explicaciones sobre la cancelación última hora de Petro causó descontento. Chaverra comentó que los jefes de Estado generalmente asisten a estos encuentros de manera oportuna y que la asistencia del presidente había sido confirmada a nivel interno y con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia.
Esta es la más reciente de una serie de ausencias y retrasos de Gustavo Petro en actos oficiales, situaciones que han suscitado controversia y críticas sobre su puntualidad y compromiso. Particularmente, su tardanza de tres horas al desfile militar del 20 de julio de 2024 y su retirada antes de la conclusión del evento provocaron una oleada de críticas por parte del público y figuras políticas como María Fernanda Cabal y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
En el contexto del Encuentro en Chocó, la Corte Suprema planea elegir a un nuevo magistrado para la Corte Constitucional. Actualmente, hay 82 aspirantes registrados, entre los cuales destaca Claudia Dangond y varios magistrados auxiliares. La terna de candidatos debe ser nominada por el presidente Petro, quien según La FM, habría prometido dicho cargo a César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Adicionalmente, en Chocó, Petro tiene pendiente la posesión de Iris Marín como defensora del Pueblo en el municipio de Nuquí, una designación que ha generado polémica debido a la influencia de Margarita Barraquer, secretaria general y asociada con la exalcaldesa Claudia López, en la asignación de cargos en defensorías regionales.