Dos trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, acusados de extorsionar a sus propios jefes. Los involucrados, un sereno y un fiscalizador, serían los responsables de las extorsiones a los funcionarios del área de Sanidad y Fiscalización del municipio, y al mismo alcalde Jesús Maldonado.
Según la investigación policial, Erick Andrés Arones García (fiscalizador) e Isaac Salvador Acevedo Oblitas (sereno) enviaban mensajes extorsivos vía WhatsApp y hasta escritos acompañados de artefactos explosivos a sus víctimas con el fin de frenar los operativos de liberación de espacios públicos.
El plan de la PNP para identificarlos y capturarlos
El alcaldo Maldonado ha señalado que la investigación se inició en marzo de 2024 tras denunciar públicamente las amenazas que estaba recibiendo él y sus altos funcionarios. Desde ese momento, la PNP comenzó a realizar labores de inteligencia para identificar a los responsables quienes habrían estado recibiendo órdenes desde un penal para extorsionar a sus propios compañeros de trabajo.
“Comenzamos el trabajo con la Policía Nacional y pudimos detectar que eran parte de los trabajadores de la municipalidad, y que desde ahí operaban con distintos operadores del penal, desde los que cobran cupos a los comercios ambulatorios, etcétera. La recomendación que recibimos en una reunión que tuvimos con con la Unidad de Secuestros es que los dejemos ahí, no los movamos. Dejamos que trabajen ahí porque ya estaban haciéndole seguimiento”, indicó para 24 Horas.
La captura de los presuntos estos sujetos fue el resultado de una operación realizada por la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco). Tras varios meses de seguimiento, las autoridades finalmente llevaron a cabo la detención de estos empleados municipales en sus respectivos domicilios.
El operativo para capturar a los trabajadores municipales se realizó en sus viviendas, ubicadas en la avenida José Carlos Mariátegui. Durante la intervención, vecinos de los detenidos salieron a defenderlos, desconocedores de los motivos de la presencia policial. Según los testimonios, uno de los detenidos vivía junto a su padre, y su entorno no tenía idea de sus actividades ilícitas.
Amenazas y modus operandi
Las amenazas que recibían los funcionarios incluían datos personales detallados, como la ubicación de sus familiares y fotografías tomadas en tiempo real, lo que generaba un gran temor entre las víctimas. El alcalde de SJL, quien confirmó estos hechos, reveló que en varias ocasiones él mismo fue objeto de seguimiento. Según sus declaraciones, cada vez que cambiaba de personal de seguridad, recibía mensajes con detalles de su vestimenta y la ubicación exacta de sus escoltas.
“Cambiaba de seguridad, nos íbamos a un lado y me llegaba el mensaje con la ropa que yo llevaba puesta, con las personas con quienes estaba, con el funcionario con quien estaba. Igual le sucedía a nuestros funcionarios: cada vez que salíamos a un operativo, les llegaban mensajes amenazantes describiendo dónde estaban. A mí me han hecho un reglaje con respecto a mis sobrinos: el colegio donde estudiaban, el horario en que salían”, detalló el burgomaestre.
La red de extorsión operaba principalmente con el objetivo de detener operativos municipales dirigidos a liberar espacios públicos. Las investigaciones revelaron que los extorsionadores trabajaban en complicidad con reos desde el penal, quienes coordinaban los cobros de cupos a los comerciantes ambulantes en diferentes zonas del distrito.
Amenazas e implicancias legales
Cinco funcionarios de la municipalidad habían sido amenazados constantemente por esta red, y los mensajes intimidatorios incluían fotografías en tiempo real de sus movimientos, lo que causó gran alarma entre el personal.
Erick Andrés Arones García e Isaac Salvador Acevedo Oblitas enfrentan ahora investigaciones por extorsión agravada, y se ha dictado una orden de detención preliminar por siete días, mientras continúan las investigaciones. Las autoridades siguen analizando las pruebas obtenidas, entre ellas, registros de llamadas y mensajes que vinculan a estos trabajadores con la red de extorsionadores.