La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal celebró este lunes la primera audiencia en la causa vinculada al exjuez federal Carlos Soto Dávila, condenado a seis años de prisión por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales, a cambio de coimas. El máximo tribunal penal del país deberá analizar si confirma o modifica la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes, que descartó la existencia de una asociación ilícita y absolvió al condenado por siete de los once hechos de corrupción imputados.
Presidida por el camarista Gustavo M. Hornos, y con la presencia de sus colegas Javier Carbajo y Mariano Borinsky, se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py la exposición de la defensa del extitular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que continuará mañana a partir de las 11 con transmisión en vivo desde YouTube. Está previsto que las audiencias restantes antes de dar cierre al caso se celebren los días 5, 9 y 12 de septiembre.
El magistrado Soto Dávila fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a seis años de prisión por recibir coimas de narcotraficantes a los que debía investigar, favoreciéndolos con sus decisiones. En el mismo fallo, también se condenó a dos exsecretarios del Juzgado y a un abogado que actuaron como intermediarios en la concreción de los sobornos. La condena fue tomada por mayoría, donde además el tribunal rechazó la existencia del delito de asociación ilícita, esgrimida por la acusación, que había pedido 15 años de cárcel para Soto Dávila. Allí quedo absuelto en siete de los once hechos que los fiscales Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y Martín Uriona le habían endilgado por presunto favorecimiento procesal.
La base central de la acusación estuvo radicada en las escuchas telefónicas en las que los narcotraficantes hablaban de cómo pagaban coimas para obtener resoluciones judiciales a su favor -que luego se comprobaba que ocurrían- y de las declaraciones de distintos arrepentidos. Calcularon que se pagaron 25 millones de pesos de sobornos para 2015. “Soto Dávila tenía la llave para rechazar los acuerdos espurios”, explicó en su momento el fiscal Schaefer.
Soto Dávila fue un juez clave durante 22 años en la provincia de Corrientes, donde como titular del Juzgado Federal N°1 estuvo al frente de causas ligadas al crimen organizado y ejerció la competencia electoral. Por este expediente en cuestión, tenía una orden de detención que no pudo ejecutarse debido a sus fueros. En febrero de 2019, renunció a su puesto y fue internado por problemas de salud. Estuvo bajo arresto domiciliario y luego cursó el proceso en libertad.
La sentencia condenatoria del tribunal correntino se emitió en junio del año pasado con la firma de los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y la disidencia de Rubén Quiñones. Soto Dávila resultó autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo -recepción de coimas- agravado por ser magistrado, y prevaricato, que es resolver contrario a derecho. Allí también fueron condenados a cinco años Pablo Molina, a cuatro años Federico Grau, ambos exsecretarios del juzgado de Soto Dávila-, y a dos el abogado Duylio Horacio Barboza Galeano, quienes resultaron culpables como intermediarios en el pago de los sobornos.
En rigor, la Sala IV de Casación tiene ahora bajo estudio el recurso interpuesto por la fiscalía contra la decisión que declaró inexistente el delito de asociación ilícita y absolvió algunos de los hechos de cohecho y prevaricato imputados. También deberá analizar los planteos elevados por las distintas defensas que reclaman la absolución de todos los cargos que pesan sobre sus clientes.
La revisión de la Casación, en efecto, forma parte de la etapa final respecto a la discusión de la materialidad de los hechos y de la prueba recaba en el expediente. Luego de su fallo solo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, reservado excepcionalmente a cuestiones constitucionales.