El verano está siendo especialmente intenso para Cristina y no precisamente por el calor. El pasado mes de junio recibió una carta en la que la Seguridad Social le reclama 7.000 euros por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que recibió durante 10 meses en 2021 al considerar que excede el límite de patrimonio permitido para poder pedir esta ayuda. Ella, sin embargo, asegura que la administración pública se equivoca, pues solo es propietaria al 50% de un piso valorado en unos 50.000 euros que es además la vivienda en la que reside junto a su hija menor de edad. Cristina (nombre ficticio), que recibió de oficio la prestación, ha tratado de averiguar en Hacienda “de dónde han sacado esos datos, pero tampoco han encontrado ese patrimonio que mencionan”.
“Yo no tengo patrimonio ni ingresos. Estoy divorciada desde 2017, vivo con mi hija, y lo único que tengo en propiedad es mi casa al 50% que está valorada en unos 50.000 euros, es decir, de ahí tengo la mitad y eso no supera el patrimonio máximo permitido”, explica Cristina a Infobae España. “Fui incluso ilusionada a Hacienda pensando que alguien me había regalado una casita, pero no hubo suerte”, ironiza.
Esta beneficiaria, que prefiere no desvelar su verdadera identidad para evitar “ser juzgada por la sociedad”, ya ha presentado una reclamación y, si el problema no queda resuelto por la vía administrativa, asegura, no dudará en plantar cara a la administración por la vía judicial.
“Se inventaron los datos”
Quien sí decidió acudir a los tribunales es Amparo, una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital que dejó de recibir la prestación después de que la Seguridad Social considerase que superaba el límite de patrimonio, cuando ella asegura que “no es cierto”. “Yo nunca tuve nada, se lo inventaron. No tengo donde caerme muerta”, lamenta esta mujer uruguaya de 60 años que lleva más dos décadas viviendo en España. Es más, su situación es especialmente delicada, pues corre el riesgo de ser desahuciada del piso en alquiler donde vive junto a su hijo en el barrio madrileño de Carabanchel, una vivienda que pertenece a Fidere, la filial española del fondo buitre estadounidense Blackstone, uno de los mayores caseros de España.
“Tenemos una orden de desalojo desde hace dos años y los servicios sociales, que son quienes negocian en estos casos, casos, siempre se han negado a negociar un alquiler social al argumentar que tenemos ingresos bajos”, sostiene Amparo, que ahora también vive con su cuñado, que tiene una discapacidad. “Si esto no se soluciona, no tendremos más remedio que irnos a vivir debajo de un puente, sobre todo teniendo en cuenta cómo están los alquileres en Madrid”.
De momento, al menos en cuanto al Ingreso Mínimo Vital Amparo ha recibido una buena noticia, ya que tras la demanda que interpuso a la Seguridad Social por denegarle la ayuda, un juzgado de Madrid ha declarado que tiene derecho a percibir la prestación debido a su situación de vulnerabilidad económica, si bien la administración puede recurrir la sentencia.
Los casos de ambas mujeres reflejan la realidad de otras muchas personas a las que también la Seguridad Social les ha reclamado cobros indebidos por el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que el Gobierno puso en marcha en 2020 con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia y que en los últimos cuatro años ha llegado a más de 600.000 hogares en los que viven más de 1,8 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que estima la cuantía media en 488 euros por hogar.
Desde la plataforma de afectados por el IMV han denunciado en numerosas ocasiones las “injustas resoluciones” que, a su juicio, está aplicando la Administración y critican, entre otros aspectos, la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo, pues “no responden cuando se reclama o retiran la ayuda sin ningún tipo de explicación”.
Denuncia internacional
De hecho, el pasado mes de junio estos mismos afectados, a través del Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, denunciaron a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta renta básica de subsistencia, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa” y que fue suscrito por España.
Además, el pasado 10 de julio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) volvió a constatar que el Ingreso Mínimo Vital tiene problemas de implementación y de gestión, si bien también indicó que la prestación sí ha logrado llegar a los hogares más vulnerables y el Gobierno ha implantado medidas de mejora.