La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido al Tribunal Supremo (TS) y a la Audiencia Nacional (AN) que no apliquen la ley de amnistía en las respectivas causas abiertas por los disturbios presuntamente atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democràtic, al tiempo que ha puesto de relieve las «serias dudas del respeto» de la norma al derecho comunitario.
En sendos escritos, recogidos por Europa Press, DyJ ha informado en contra de aplicar la norma después de que tanto el alto tribunal como la Audiencia Nacional instase a las partes a pronunciarse sobre la aplicabilidad o no de la amnistía para los investigados.
Cabe destacar que en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón investiga el supuesto papel de Tsunami en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Supremo que condenaba a los líderes del ‘procés’ separatista catalán en octubre de 2019. El alto tribunal, por su parte, de forma paralela abrió causa penal al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por un presunto delito de terrorismo al estar ambos aforados.
La asociación considera que no debe aplicarse la ley al entender que «todo terrorismo supone una violación de los derechos humanos, sin que quepa distinguir entre un terrorismo grave o menos grave». Una de las excepciones a la aplicación de la amnistía es, precisamente, el matiz relativo a los propios derechos humanos.
DyJ también enumera las distintas lesiones sufridas por algunos de los agentes que trataron de aplacar los disturbios para «corroborar tres extremos importantes». «De un lado, la extrema la violencia y gravedad de los hechos cometidos el 18 de octubre de 2019 y la grave afectación del orden público que supuso lo que allí aconteció», relata.
LESIONES DE GRAVEDAD
A este respecto, la asociación señala al «empleo por la masa que actuaba bajo la cobertura y el amparo de la organización Tsunami Democràtic de armas e instrumentos peligrosos capaces de provocar» diversas heridas.
«Las lesiones tan graves sufridas por, especialmente, los dos policías que como resultado de sus lesiones han sido jubilados del Cuerpo Nacional de Policía, reclama un examen forense más minucioso a fin de comprobar si desde la provisionalidad de este momento, las lesiones sufridas serían compatibles con la pérdida, la inutilidad de un órgano o miembro o una grave deformidad», alerta Dignidad y Justicia.
Según la asociación, «no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos» en la ley «y del que podrían ser partícipes los investigados», lo que haría imposible la aplicación de la amnistía.
Por último, DyJ plantea «serias dudas del respeto al Derecho de la Unión Europea» por parte de la ley, por lo que insta a los jueces instructores del TS y de la AN a que, en el caso de considerar que la norma «vulnera» el derecho comunitario y decidan elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se les de traslado para realizar alegaciones.