La Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia) expresó su rechazo categórico ante los actos ilícitos de interceptaciones, monitoreos y seguimientos denunciados por Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional.
Las denuncias han generado gran preocupación en la Rama Judicial, ya que constituyen una amenaza directa a la independencia de sus instituciones y, por ende, a la democracia en Colombia. En este sentido, Corjusticia solicitó que realicen las investigaciones pertinentes con el propósito de esclarecer estos actos y determinar responsabilidades.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
La corporación insiste en que dichos actos “vulneran la independencia judicial” y destaca la imperiosa necesidad de proteger la función judicial encabezada por los jueces y magistrados de la República. Este llamado, según lo manifestado a través de un comunicado oficial, busca preservar el instrumento mediante el cual la Constitución Política asegura los derechos y libertades de los ciudadanos colombianos, incluidos los funcionarios públicos.
Por ello, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Darío Lara, en representación de la Corjusticia, solicitó de manera enfática a la Fiscalía y a la Procuraduría que actúen con prontitud frente a las alegaciones de interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Esta problemática no solo compromete a funcionarios judiciales, sino que, según Lara, amenaza la estabilidad democrática del país.
“Lo más importante es que la Fiscalía y la Procuraduría, que son los órganos de investigación tanto disciplinaria como penal, tomen inmediatamente nota del tema, hagan las investigaciones y lo más rápido posible entreguen al país un resultado de esta clase de actuaciones que, insisto, no atenta contra un funcionario judicial, atentan contra toda la democracia”, señaló el magistrado.
Lara enfatizó en su declaración la necesidad de una justicia independiente para evitar que Colombia se convierta en una “democracia fallida”, y subrayó la gravedad de estos actos al señalar que “estas actuaciones no solo constituyen una violación a la privacidad de los magistrados, sino que también representan una amenaza directa a los principios democráticos fundamentales”.
Finalmente, en el comunicado de Corjusticia se ordenó a las diferentes ramas del poder público respetar y apoyar la labor de la judicatura. En el documento señalaron que “el respeto a la función judicial es fundamental para el mantenimiento de un Estado de Derecho (sic)”, y mencionó que cualquier intromisión indebida podría socavar el equilibrio de poderes que sustenta el orden constitucional en Colombia.
Corte Suprema negó ‘chuzadas’ al magistrado Jorge Enrique Ibáñez
El 26 de junio, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, sostuvo un encuentro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para discutir las acusaciones de interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes. Durante la reunión, González detalló las verificaciones realizadas por su entidad respecto a todas las compras efectuadas con gastos reservados y ordinarios.
González explicó que las verificaciones se llevaron a cabo con la finalidad de determinar si se había adquirido alguna tecnología o servicio destinado a interceptar comunicaciones telefónicas. “Con toda la claridad le hemos dicho que en este Gobierno jamás se van a realizar este tipo de actividades ilícitas. Jamás se perseguirá a la oposición”, declaró González, reafirmando la postura del Gobierno en contra de estas prácticas.
Esta revisión es una respuesta directa a las acusaciones que han surgido sobre la utilización de recursos públicos para espiar a miembros de las altas cortes. “No hemos encontrado equipos ni servicios comprados para la realización de interceptaciones ilegales”, enfatizó González.
Gerson Chaverra, por su parte, expresó su preocupación por la posibilidad de que se estuvieran vulnerando los derechos de los magistrados e insistió en la necesidad de mantener una supervisión estricta sobre los recursos y las actividades de la inteligencia nacional para evitar cualquier abuso de poder. “La transparencia en el uso de los recursos y en las actividades de inteligencia es fundamental”, apuntó el presidente de la Corte Suprema.