La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, se ha comprometido a dar protección pública a víctimas de violencia machista, persecución al diferente o persecución por motivación política». Además ha garantizado que desplegará «con celeridad y eficacia» la solidaridad, acogida y el funcionamiento de la justicia como servicio público de calidad».
Tras tomar posesión de su cargo en un acto en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria-Gasteiz, San José ha asegurado que afronta su nueva etapa política con «dos responsabilidades», justicia y derechos humanos, «que están directamente relacionadas con la calidad de la democracia y con el respeto a las libertades».
También, ha añadido, están vinculadas a «la dignidad del ser humano y la observación y cumplimiento de la garantías» que las personas deben tener «para el respeto a sus derechos y para su restitución cuando sean vulnerados».
La consejera ha admitido que «son tiempos difíciles para ambas tareas» y, en este sentido, se ha referido a «los episodios de violencia machista, de abusos, de persecución al diferente, de persecución por motivación política, de destrucción y muerte» e incluso de «crímenes de lesa humanidad» que «golpean con frecuencia y exigen respuesta permanente».
También, ha recordado, se cometen «otro tipo de acciones que afectan a otros valores y derechos que asisten a las personas y deben contar con la protección pública».
«CELERIDAD Y EFICACIA»
Ante ello, ha defendido desplegar «con celeridad y eficacia» la solidaridad, la acogida, el sentido objetivo y subjetivo de protección, el funcionamiento de la justicia y el derecho a la justicia efectiva, y hacer que «sea percibido por la ciudadanía como un servicio público de calidad».
San José ha recordado que el acuerdo de Gobierno incluye «un conjunto de acciones políticas que definen buena parte de lo que será el desarrollo de la legislatura», como que el acceso de las personas a la justicia «no sea un obstáculo para nadie por razones económicas, que la asistencia jurídica se preste en mejores condiciones» o que «los niños, niñas y adolescentes dispongan de un plan renovado de justicia juvenil».
La responsable vasca de Justicia y Derechos Humanos ha citado también «la deslegitimación de la violencia», incluida en el acuerdo, de forma que «el reconocimiento integral de todas las víctimas de vulneraciones de derechos, la construcción de una memoria inclusiva, crítica y ética y la promoción de los principios y valores éticos y democráticos» estén «permanentemente en la agenda y la acción» de su «responsabilidad» y de todo el Gobierno.
«La convivencia, la tolerancia, el respeto entre las personas, la igualdad y la solidaridad son valores sentidos, queridos, defendidos y protegidos por los socialistas, y ahora tengo el honor y la tarea de hacerlos avanzar», ha concluido.