Luego que este domingo, líderes indígenas denunciaran que los agresores involucrados en más de 500 denuncias por violencia sexual contra menores awajún son también policías y mineros ilegales, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) increpa al Congreso de la República por promover la destrucción de su territorio mediante distintos proyectos de ley.
Una de las principales normas criticadas es la Ley N.º 31973, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Pues, desde la visión indígena, la nueva legislación —denominada por sus críticos como “Ley Antiforestal”— facilita las economías ilícitas y la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales.
Como se recuerda, dichos argumentos han sido sostenidos también por organismos internacionales, especialistas en materia ambiental y hasta el Gobierno Regional de San Martín, que ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad en rechazo a la normativa. Esto a fin de evitar que se archiven investigaciones y juicios a taladores ilegales y empresas acusadas de deforestación ilegal, dando paso a la formalización de propiedad sobre estas tierras.
Asimismo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización vocera más importante de los pueblos indígenas de la Amazonía— se ha alineado con la nación Awajún en este mensaje, argumentando que la “Ley Antiforestal” fomenta el despojo territorial, ya que, explican, afecta a las comunidades que no tienen título sobre sus tierras, pero que mantienen una ocupación ancestral de los bosques y recursos naturales.
Pueblo awajún defienden su autonomía y rechazan minería ilegal
Por otro lado, los ciudadanos manifestaron su oposición a la Ley N.º 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD), otorgándoles la facultad de adquirir armas, tanto por compra como por donación, siempre que cuenten con la autorización de los ministerios de Defensa e Interior, además de recibir capacitación en temas como prevención, seguridad ciudadana y uso legítimo de armas de fuego.
No obstante, según denuncian, esta norma vulnera su autonomía organizativa y jurisdicción, puesto que motiva la militarización en sus territorios y representa una amenaza a la paz social.
Posteriormente, criticaron la Ley N.º 31989, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, que, detallan, permite la continuación de actividades mineras informales contaminantes en el territorio indígena y facilita la formación de nuevas organizaciones dedicadas a la minería ilegal debido a la falta de control administrativo y fiscal.
Específicamente, esta norma revoca disposiciones clave del Decreto Legislativo N.º 1607, que permitía a la Policía Nacional del Perú (PNP) detener a mineros infractores, con procesos suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aquellos que usen explosivos sin autorización, situaciones anteriormente tipificadas como delitos graves.
Cuestionan Ley APCI y promoción de industrias extractivas
De otra parte, los awajún mostraron su repudio al reciente dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que aprobó por mayoría modificar la Ley N.º 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impulsada por el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular.
Las comunidades enfatizaron que estas modificaciones violan derechos constitucionales —como la libertad de asociación, expresión y participación—, estigmatizan el activismo y criminalizan a las organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Esto debido a que, argumentan, las reformas propuestas otorgan a la APCI la facultad de disolver organizaciones sin causa justa ni debido proceso, así como establecer sanciones administrativas desproporcionadas.
Finalmente, rechazaron las intenciones del Parlamento de modificar el estatus de las reservas indígenas establecidas para pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) con el objetivo de promover actividades extractivas sin consulta previa, situación que pone en grave peligro la vida y el entorno de estos pueblos —considerados los más vulnerables del planeta por depender solo de los recursos naturales que hay en sus territorios—.
De acuerdo a los ciudadanos, el Legislativo estaría ignorando el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado peruano a consultar cualquier medida legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas.