El Tribunal Supremo de Chile ha ordenado este lunes ampliar de nuevo los delitos por los que fue extraditado el expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007, en relación con cinco casos ligados a graves violaciones de Derechos Humanos, entre los que se incluyen las esterilizaciones forzadas cometidas durante su Gobierno.
La jueza instructora, Andrea Muñoz, ha considerado que «los elementos de convicción analizados permiten concluir que existen a lo menos presunciones fundadas o indicios razonables» de que el exmandatario «impulsó una agresiva política de Planificación Familiar que tenía por objeto aplicar preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbano marginales y de pueblos indígenas».
Esta medida se hizo a través de «la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de la salud, que se tradujo en prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado de quienes eran sometidas a dicha técnica invasiva, las condiciones de salud e infraestructura en que se llevaban a cabo y el seguimiento pos operatorio, privilegiando espacios inseguros en el contexto» de las campañas que «proliferaron a lo largo del país».
Muñoz ha señalado que como consecuencia «hubo un número elevado de mujeres que perdieron de manera permanente y, en forma no voluntaria, su capacidad reproductiva, sufriendo además muchas de ellas otras lesiones en su integridad física o síquica, llegando en algunos casos incluso a la muerte», según reza el fallo, que recoge que el objetivo de Fujimori era elevar el crecimiento económico del país y disminuir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad».
OTROS CUATRO CASOS
Además de las esterilizaciones forzadas, el Supremo de Chile ha agregado que también hay otras flagrantes violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad imprescriptibles desde el punto de vista penal como el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla (1992), las ejecuciones extrajudiciales en la masacre del penal Castro Castro (1992) y los homicidios en el rescate de rehenes en la Embajada de Japón en Lima (1997).
«En consecuencia y, asumiendo que en todos los casos descritos precedentemente, se trata de conductas intolerables, que no pueden permanecer en la impunidad, sino que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, sin que importe o sea un impedimento el tiempo en que se hayan cometido, a lo que debe contribuir la cooperación internacional», ha indicado.
Con esta medida, el Poder Judicial chileno ha dispuesto acceder a las solicitudes formuladas por la Embajada peruana en Santiago de Chile en septiembre de 2021, con el fin de que Fujimori pueda afrontar los respectivos procesos penales referidos a nivel nacional.
Sin embargo, la jueza ha rechazado las restantes solicitudes de ampliación de extradición formuladas por Perú, que incluían el suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir violación de soberanía de un Estado extranjero, falsedad genérica y conspiración, por no encontrarse jusitificada su participación en los hechos. Tampoco por asociación ilícita para delinquir y peculado, al encontrarse prescritas las acciones. Así como la revelación de secreto de interés nacional en agravio del Estado por no configurar los hechos denunciado el tipo penal investigado.
TERCERA AMPLIACIÓN DE DELITOS
Se trata de la tercera ampliación de delitos por lo que fue extraditado, ya que la primera fue en junio de 2017 por delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en la llamada masacre de Pativilca, cometida por el destacamento paramilitar peruano Grupo Colina en enero de 1992. La segunda se aceptó a principios de este año por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, conspiración y otros.
El exdirigente del país salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007 cumpliendo una sentencia de 25 años por la matanza de decenas de civiles. Este se benefició en 2017 de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a que su equipo legal alegó problemas de salud por su avanzada edad, sin embargo, la Justicia lo tumbó meses más tarde, hasta la resolución definitiva del año pasado.
Además de la condena a 25 años, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. No se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil, que la Procuraduría General cifró en 57 millones de soles (14 millones de euros).
Durante años de litigios judiciales, (el Constitucional ordenó su liberación pese a la solicitud de aplazar la medida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) organizaciones defensoras de Derechos Humanos advirtieron de la gravedad de sus crímenes a la hora de determinar su liberación.