Durante la celebración por los 80 años de relaciones entre Perú y Canadá, el canciller Javier González-Olaechea reclamó al embajador de Canadá en Perú, Louis Marcotte, por el pronunciamiento suscrito por 16 delegaciones en el país contra el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso contra las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El primero en dar un discurso por el acto de conmemoración fue Marcotte, quien destacó la estabilidad de las relaciones diplomáticas con Perú, incluso bromeó con el próximo partido entre ambas naciones por la Copa América 2024. El discurso de González-Olaechea iba por un rumbo similar, hasta que empezó a referirse al “diálogo político”.
“Ese diálogo, para hablar de amistad, tiene que ser franco y respetuoso. Yo no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo altisonante o me cuesta cultivar esa amistad, que profundamente apreció en el caso de Canadá. Hablando en términos hipotéticos y condicionales, supimos de algunos pronunciamientos que no fueron los más felices, que no fueron los más oportunos, porque se refirieron a un proyecto, ni siquiera a una ley”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en la residencia del embajador de Canadá en Perú.
“Acá hay congresistas, señor embajador. Y para que seamos amigos de verdad, como creo que realmente lo somos, hay que decir las cosas con todo respeto. Yo no podría creer si un país tuviera un proyecto similar que buscara contrarrestar la interferencia extranjera que pone en peligro la democracia y los valores”, agregó.
El canciller González-Olaechea afirmó que en Canadá también se estaría promoviendo un proyecto que “busca exactamente lo mismo” que el Parlamento peruano: “(…) conocer los valores y, los que pudieran ser, los antivalores de una injerencia indebida extranjera”.
“Me pregunto acaso entonces si la mejor manera de reflejar las relaciones es hablar de proyectos, incluso si fueran leyes. Como dije en una pequeña declaración, yo no le indicaría al embajador en Italia que se pronuncie de una u otra manera respecto a lo que disponga el Congreso de Italia. La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar. Esta será posiblemente la última vez que me refiera”, señaló.
En su discurso, el canciller también sacó a colación los conflictos de Canadá con sus pueblos indígenas para cuestionar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de la que dijo que “ni fue tan veraz ni reconcilió a muchos”.
Entre los invitados a la residencia del embajador de Canadá en Perú se encontraba Jorge Leon Benavides, presidente de la Cámara de Comercio Canadá Perú y director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como parlamentarios, directores, autoridades gubernamentales y empresarios.
Cuestionan proyecto contra las ONG
El relator especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, José Francisco Calí Tzay, emitió una declaración sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en contra de las ONG. Según Calí Tzay, dicha norma “viola los derechos de los Pueblos Indígenas y de la sociedad civil en general”. Invitó al Parlamento a reconsiderar la reforma, la cual ha recibido críticas tanto de organismos nacionales como internacionales.
Embajadas y delegaciones internacionales expresaron preocupación por la propuesta que modificaría la Ley 27692, que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En un comunicado conjunto, 16 embajadas y delegaciones firmaron: “Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”. Entre las naciones firmantes se encuentran Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos y España.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también se manifestó en contra, alegando que las sanciones propuestas son desproporcionadas y podrían llevar a la disolución de asociaciones sin causa justa. Según difundió CNN, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, defendió la independencia de Perú y destacó que el canciller Javier González Olaechea, al regresar de su misión, se reunirá con representantes de las embajadas preocupadas.
El proyecto impulsado por Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue aprobado con 12 votos a favor y uno en contra, contando con el apoyo de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso. Según fuentes citadas por Reuters, el texto contempla la creación de una unidad especial en la SUNAT para supervisar los recursos de las ONG y permitir la denuncia de posibles ilícitos ante el Ministerio Público.
La APCI es responsable de articular la oferta y demanda de cooperación técnica entre diferentes niveles de gobierno y sociedad civil, además de promover el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dicho proyecto debe ser evaluado en el Pleno del Congreso antes de que finalice la legislatura el 15 de junio. La iniciativa, respaldada por las bancadas de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, contó con un bloque mayoritario en la votación de la comisión realizada el 5 de junio.