En una aldea en las colinas del estado de Guerrero, los residentes huyeron de sus hogares mientras drones sobrevolaban el lugar y lanzaban bombas improvisadas. Durante meses, los agentes de los cárteles de la droga habían estado desplegando dispositivos comerciales para lanzar explosivos empaquetados en carcasas de metal, incendiando casas, abriendo agujeros en las paredes y enviando metralla caliente y penetrante a la carne de las personas.
En marzo, mientras viajaba al estado, en el sur de México, visité algunos de esos pueblos y conocí a personas que habían metido sus pertenencias en camionetas y habían huido del terror. Y si bien los ataques con aviones no tripulados son un nuevo y oscuro avance, son sólo un ejemplo de la violencia que ha azotado a México todos los días durante casi dos décadas de intensa guerra entre cárteles, dejando a cientos de miles de mexicanos desplazados, asesinados o desaparecidos.
Esta violencia es el desafío más formidable que Claudia Sheinbaum, a quien la nación acaba de elegir por un amplio margen como su primera mujer presidenta, tendrá que enfrentar cuando asuma el poder en octubre. Y, sin embargo, no ha trazado una estrategia clara para gobernar un país bañado en sangre, marcado por fosas comunes en campos de vacas y vertederos de basura.
Sheinbaum estará a cargo de una nación plagada de más de 30 mil asesinatos al año, el 90% de los cuales quedan sin resolver, y tendrá que enfrentarse a los poderosos cárteles detrás de esas cifras, que ahora son redes de crimen organizado paramilitar y están profundamente arraigados en comunidades. Hoy en día, estos grupos no sólo trafican con drogas como el fentanilo, sino que también ejecutan una cartera de delitos que van desde el tráfico de personas hasta la extorsión generalizada.
El período previo a las elecciones fue una de las campañas más violentas de la historia reciente de México. Decenas de candidatos fueron asesinados; un hombre armado disparó a un candidato a la alcaldía mientras estrechaba la mano de sus seguidores en una cancha de baloncesto. Sheinbaum no puso este derramamiento de sangre en el centro de su campaña. Sheinbaum, ingeniera ambiental de 61 años y miembro del partido gobernante Morena, ganó la votación gracias a las promesas de continuar con los programas sociales del actual presidente, su mentor Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Presentó propuestas interesantes sobre energías renovables y cómo afrontar la escasez de agua.
Su falta de una visión pública sólida sobre la seguridad de México es preocupante, dado que sus tres predecesores fracasaron en este frente. Felipe Calderón asumió el poder en 2006 y encabezó una ofensiva militar contra los cárteles, pero la violencia no hizo más que escalar; su secretario de seguridad fue posteriormente condenado en Nueva York por tráfico de cocaína.
De 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto intentó cambiar la narrativa y hablar sobre el potencial económico de México, pero la violencia también empeoró durante su mandato. Durante su mandato, 43 estudiantes desaparecieron mientras estaban bajo custodia de policías vinculados a un cartel. Y AMLO ha sido objeto de burlas por su llamado a lidiar con los cárteles mediante “abrazos, no balazos”, mientras presidía el período más violento en la historia reciente de México.
Enfoque pragmático
Dicho todo esto, Sheinbaum ha demostrado que puede adoptar un enfoque pragmático ante el crimen. Como alcaldesa de la Ciudad de México de 2018 a 2023, inundó la ciudad con cámaras de seguridad y desplegó a la policía en ciertas áreas de alta criminalidad. Los asesinatos se redujeron a aproximadamente la mitad en la ciudad durante su mandato, según estadísticas oficiales. La candidata opositora Xóchitl Gálvez ha afirmado que Sheinbaum manipuló esas cifras para ocultar los homicidios, y existe un debate legítimo sobre la verdadera cifra de muertos por la violencia de los cárteles en todo México. Pero hoy en día, la gente de la capital se siente mucho más segura.
Por supuesto, controlar los niveles de criminalidad en una sola ciudad es diferente a enfrentar la crisis nacional en expansión que en algunos estados se asemeja a una guerra en toda regla. En estados como Zacatecas y Michoacán, escuadrones de sicarios recorren las ciudades en convoyes enarbolando sus Kalashnikovs, bloqueando carreteras y utilizando artefactos explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohetes. Tumbas ocultas salpican el país, ocultando víctimas que van desde agentes de cárteles asesinados por rivales hasta personas inocentes que se cruzaron con los gánsteres equivocados. Probablemente la fosa común más grande descubierta hasta ahora, encontrada en 2016 en el estado sureste de Veracruz, contenía casi 300 cráneos.
A la mayoría de la gente le encantaría poner fin a esta guerra, detener la impunidad con la que operan los cárteles y solucionar la corrupción endémica en las fuerzas de seguridad. Se trata de problemas hercúleos que llevará años superar. Sheinbaum debería adoptar el mismo enfoque práctico que utilizó en Ciudad de México: perseguir objetivos concretos que al menos pudieran reducir la violencia y convertir una crisis de seguridad nacional en un problema de seguridad pública más manejable.
Para ello, la nueva presidente debería priorizar perseguir a los actores más violentos, incluidos ciertos comandantes de cárteles y escuadrones de asesinos en las zonas más homicidas del país. Las fuerzas de seguridad mexicanas no pueden acabar con todos los cárteles a la vez, y los principales narcotraficantes son fácilmente reemplazados por otros ávidos de enormes ganancias. Pero apuntar sistemáticamente a los actores más letales podría reducir el número de cadáveres y hacer que otros traficantes estén menos dispuestos a desatar asesinatos en masa.
Sheinbaum también necesita una campaña fuerte para luchar contra la extorsión desenfrenada que está devastando las vidas de muchos mexicanos trabajadores. Si se enfoca en la extorsión, obtendrá el apoyo de empresas grandes y pequeñas, y eso ayudará a la economía.
Finalmente, la Sra. Sheinbaum necesita crear un programa de prevención eficaz dirigido a los jóvenes reclutados por los cárteles. Como escribí en mi libro en 2021, un veterano de la infame pandilla Barrio Azteca, que opera en Ciudad Juárez, me contó en 2017 cómo su pandilla buscaba jóvenes enojados y abandonados para unirse a la organización. “Los niños que han sido maltratados por sus padres tienen una mirada fría y son personas que son útiles para el trabajo”, dijo. “Son buenos para los malos”.
Tanto Peña Nieto como AMLO hablaron sobre esta idea pero no lograron idear ninguna política verdaderamente efectiva. El programa de becas de AMLO para estudiantes de secundaria, cuyo objetivo es mantener a los adolescentes en la educación, es un buen comienzo, pero puede pasar por alto a los jóvenes que tienen más probabilidades de unirse a los cárteles. Un programa más constructivo debe centrarse más en los jóvenes más problemáticos de las zonas más violentas. México ya cuenta con trabajadores sociales talentosos que podrían hacer este trabajo si tuvieran los recursos.
Incluso un progreso incremental sería de gran ayuda. Si el gobierno de Sheinbaum puede reducir el nivel de asesinatos aunque sea en un tercio, la gente podrá empezar a sentirse más segura. Si hay menos homicidios, los investigadores se verán menos inundados de casos y se podrán resolver más. Si más personas denuncian la extorsión, es posible que otras se animen a hacerlo.
Por otro lado, a juzgar por la violencia en México durante las últimas dos décadas, las cosas fácilmente podrían empeorar. Y si los presidentes reformistas de México siguen sin luchar contra el crimen, podría aparecer un contendiente más radical, prometiendo seguridad a un costo muy alto, incluida una aniquilación total de los derechos humanos.
Este artículo apareció originalmente en The New York Times. Fue escrito por Ioan Grillo.