(Mauricio Dueñas Castañeda/)
Los magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá se declararon impedidos para resolver el recurso de queja presentado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la juez Sandra Heredia, quien lleva su caso por presunto fraude procesal y soborno.
El recurso de queja fue interpuesto por el abogado defensor Jaime Granados luego de que la juez Heredia rechazara una solicitud de nulidad alegando violaciones al debido proceso.
La nulidad fue solicitada en el marco de la audiencia de acusación adelantada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá por considerar que se habían infringido derechos fundamentales de la defensa del expresidente.
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Granados argumentó que la juez negó la anulación y la apelación en un tiempo inusualmente breve de 57 minutos, lo cual, según la defensa, constituye una violación al debido proceso. Durante la audiencia, la juez Heredia desestimó la solicitud de la defensa, calificando las pretensiones de “ostensiblemente infundadas” y rechazándolas de plano para asegurar la celeridad de las audiencias.
La jueza indicó que los recursos presentados buscaban dilatar el proceso, lo cual fue considerado como un abuso de la ley.
Debido a estos hechos, la defensa de Uribe presentó una queja ante el Tribunal Superior de Bogotá. El expediente fue inicialmente asignado al magistrado Carlos Andrés Guzmán, quien junto con otros miembros de la Sala de Decisión Penal se declaró impedido para resolver el recurso, recordando que en septiembre de 2023 ya habían emitido un pronunciamiento en torno al proceso contra el exsenador.
El expediente fue transferido a otra sala del Tribunal donde el magistrado Manuel Antonio Merchán evaluará el impedimento y determinará quién resolverá el recurso de queja interpuesto por la defensa de Uribe.
La Procuraduría General de la Nación también envió un concepto relacionado con el recurso de queja presentado por la defensa del expresidente antes de que se hiciera la acusación formal contra él. La queja insiste en que la solicitud de nulidad presentada fue negada sin darle el trámite correspondiente, lo cual, según la defensa, atenta contra los derechos procesales del exmandatario.