Madrid, 5 jun (EFECOM).- Más de 20 organizaciones que trabajan para erradicar la pobreza energética han pedido al Gobierno que mantenga las medidas de protección a los consumidores vulnerables con motivo de la crisis energética, entre ellas la prohibición de cortarles la electricidad, el gas y el agua, cuya vigencia acaba el 30 de junio.
En un comunicado, la Aliança contra la Pobresa Energètica, una de las veinte organizaciones que piden la prórroga de estas medidas que se adoptaron, primero dentro del escudo social contra los efectos económicos de la covid y luego con la crisis energética, ha recordado que el 30 de junio finaliza la vigencia de las principales.
Estas entidades critican que el Gobierno no haya ofrecido aún ninguna pista sobre si mantendrá las medidas, prorrogadas por última vez en diciembre del año pasado, después del 30 de junio.
La principal medida que decaería sería la prohibición de los cortes de electricidad, gas y agua a hogares beneficiarios del bono social eléctrico (un descuento en la factura de la luz para los consumidores vulnerables) en caso de impago, explican estas asociaciones.
No obstante, en aquellos hogares en que vivan menores de 16 años, personas con discapacidad o dependientes seguiría estando prohibido el corte del suministro de la luz por impago.
En abril de 2024, había 1,66 millones de hogares que tenían el bono social, según los datos de estas asociaciones, que dice también que, si no se prorrogan los descuentos que disfrutan los beneficiarios del bono social y que fueron ampliados durante la crisis energética, se volverá a los porcentajes anteriores, que eran menores.
Los consumidores vulnerables severos vieron ampliados desde octubre de 2022 el descuento en la factura de la luz del 40 % al 80 %, y los calificados sólo como vulnerables del 25 % al 65 %.
Según explica la Aliança contra la Pobresa Energètica, esta vuelta a los anteriores descuentos, junto a la subida del IVA del recibo de la luz, incrementaría el coste para los beneficiarios del bono social, lo que podría desembocar en un aumento de los impagos.
Además, recuerda que el 30 de junio también acabará, en caso de no prorrogarse, la vigencia del denominado ‘bono de justicia energética’, un descuento del 40 % en la factura de la luz para hogares trabajadores con ingresos bajos.
Muchas de estas medidas están vigentes desde 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, mientras que otras se implantaron dos años más tarde a raíz de la crisis de precios de la energía, y el Gobierno las ha ido prorrogando.
Estas asociaciones recuerdan que en la última reforma del mercado común de la electricidad en la Unión Europea se estableció la obligación para los estados miembros de proteger adecuadamente a los hogares vulnerables frente a las desconexiones.
También señalan que los indicadores de pobreza energética siguen aumentando en España y ya son un 20,7 % los hogares que declaran no poder mantener su vivienda a temperatura adecuada en invierno, frente al 9,1 % que había en 2018.
Por todo ello, estas asociaciones piden consolidar la prohibición de los cortes de electricidad, gas y agua a los hogares vulnerables, y mantener los descuentos que se ampliaron en el bono social eléctrico.
Además, reclaman al Gobierno que mantenga el acceso al ‘bono social de justicia energética’ y que rebaje el IVA de la factura eléctrica a todos los hogares acogidos al bono social eléctrico y no sólo a los vulnerables severos. EFECOM
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