Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que las medidas anunciadas por la Casa Blanca para impedir que los migrantes que crucen la frontera sur de manera irregular puedan recibir asilo «sientan un peligroso precedente internacional» y son «absolutamente vergonzosas para un país que alguna vez ayudó a redactar a Convención sobre los Refugiados».

«Esta acción ejecutiva juega con narrativas falsas sobre invasiones en la frontera y promueve una política basada en ideas supremacistas blancas a expensas de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos», ha denunciado la directora de refugiados y derechos de los migrantes de AI en Estados Unidos, Amy Fischer.

En este sentido, ha denunciado que las medidas, que limitan el número de personas que pueden solicitar asilo mediante un límite numérico y cierra la frontera entre Estados Unidos y México ha «utilizado la misma autoridad legal» que usó la Administración de Donald Trump «para implementar las peligrosas y xenófobas prohibiciones de viaje a musulmanes y africanos».

Fischer ha aseverado que esta acción ejecutiva «no solucionará los problemas que plagan la frontera, ni abordará las necesidades de las grandes ciudades que enfrentan un gran número de nuevas llegadas, ni impedirá que las personas huyan para salvar sus vidas, ni mantendrá seguras a las comunidades».

«Solo causará más caos y crueldad, e inevitablemente, más tortura, violencia y muertes de mujeres, hombres y niños que buscan seguridad en Estados Unidos», ha lamentado. Así, ha manifestado que «es profundamente decepcionante ver a Biden tan empeñado en desmantelar los Derechos humanos de las personas que buscan asilo e implementar políticas que son claramente ilegales según el Derecho Internacional y los derechos de los refugiados».

La ONG ha instado a Biden a «ponerse en el lugar de las personas obligadas a abandonar sus hogares y embarcarse en un viaje peligroso para escapar de cualquier daño», y «a seguir de manera consistente las normas de Derechos Humanos que dice defender».

«Necesitamos soluciones reales que respeten los Derechos Humanos, aborden las causas profundas de la migración forzosa, permitan vías seguras y ordenadas hacia la seguridad y satisfagan las necesidades de las comunidades en la frontera y en el interior de Estados Unidos», ha subrayado.

La Casa Blanca busca facilitar las expulsiones de quienes no están amparados legalmente para quedarse y reducir el trabajo de las autoridades fronterizas, si bien ha matizado que estas medidas no pueden sustituir a las que siguen debatiéndose ahora en el Congreso, las cuales contemplan un mayor número de efectivos y de fondos, pero siguen trabadas, según ha dicho, por culpa de los republicanos que han antepuesto sus intereses partidistas.

Las medidas no son permanentes y se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz, e incluyen excepciones humanitarias, como menores no acompañados, víctimas de trata, o personas enfermas.