Para la procuradora Margarita Cabello la crisis del sistema de salud tiene como principal responsable al Gobierno nacional, debido a que no ha cumplido con las obligaciones financieras que han llevado a que parezca inminente el colapso del modelo de aseguramiento.
Ante la situación, la jefa del Ministerio Público se mostró de acuerdo con la petición que elevó el saliente defensor del Pueblo Carlos Camargo, que le expuso a la Corte Constitucional que están dadas las condiciones para que se declare un estado de cosas inconstitucional (ECI).
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“Hoy vemos que se están ocasionando grandes y sistemáticas vulneraciones al derecho a la salud de los colombianos”, señaló Cabello Blanco a El Tiempo. La procuradora considera que hay “afectación masiva y estructural de ese derecho humano”.
(Luis Eduardo Noriega A./)
Cabello considera que, bajo estas condiciones, la Corte podría declarar un ECI, pese a que en el pasado ya se ha ordenado y superado esa figura jurídica respecto al sistema de salud. Según la líder de la cartera, en otros ámbitos ya se ha cobijado con varios de estos pronunciamientos judiciales para la protección de derechos.
“El ejemplo de cárceles es uno en donde la Corte ha determinado sobre un mismo derecho varios estados de cosas inconstitucionales; y otro ejemplo han sido dos pronunciamientos en ese mismo sentido, frente a las graves afectaciones a los derechos a la vida de los líderes y lideresas sociales y de las personas defensoras de derechos humanos”, agregó la procuradora.
“Es evidente que hay incumplimientos de obligaciones constitucionales y legales”, sostuvo Cabello, que señaló que estas situaciones son las que han llevado a que el sistema se encuentre en una situación de colapso y desintegración, que podría llevar a profundizar la afectación a los derechos fundamentales.
De acuerdo con el análisis de la procuradora, la crisis del sistema de salud se debe a la situación financiera de las diferentes entidades que lo conforman. Según Cabello, los ajustes que ha hecho el Gobierno nacional a los presupuestos máximos y el incumplimiento en el pago de las deudas hacen que los recursos no sean suficientes.
En concepto de la procuradora, la situación financiera es el principal factor que ha ocasionado dificultades en la atención de los pacientes y la dispensación de los medicamentos, es decir que lleva a la falta de prestación de servicios y afecta la garantía de derechos fundamentales.
“Los problemas incluyen la escasez y desabastecimiento de medicamentos, retrasos en el giro de recursos, fallas en la metodología de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), insuficiencia de recursos, ineficacia de intervenciones a EPS y traslado de recursos a programas diferentes al de aseguramiento”, afirmó la procuradora.
Así mismo, la procuradora reconoce que hay factores que vienen de tiempo de atrás y que no se han logrado solucionar para generar condiciones óptimas para el sistema. Por ejemplo, señala que, en el seguimiento de la Corte a la salud como derecho fundamental, se han establecido ajustes al cálculo de la UPC y el pago de deudas de presupuestos máximos acumuladas, a los que todavía no se ha dado cumplimiento.
Durante su rendición de cuentas, la procuradora Cabello convocó al Ministerio de Salud, la Adres, el Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, así como a los gremios y a las EPS para que se tomen acciones conjuntas que permitan solventar la situación a nivel nacional.
Para la jefa del Ministerio Público se debe atender rápidamente la escasez de medicamentos, los pagos atrasados, revisar la UPC, así como lo que calificó de “improvisación” en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros. Además, advirtió que las intervenciones de EPS han evidenciado deterioro en los indicadores, lo que ha llevado a que soliciten su retiro voluntario.