Las acciones criminales de los grupos armados al margen de la ley no se detienen, esto, a pesar de adelantar diálogos con el Gobierno nacional, en un intento de lograr la paz.
De acuerdo con lo que informó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, dos campesinos habrían desaparecido en una zona rural de Remedios (Antioquia), desde el sábado 15 de junio.
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Las víctimas serían Juan Carlos Jiménez Moreno, líder comunitario del corregimiento Carrizal, y Armando de Jesús Barroso Herazo, habitante de esa misma zona.
Las autoridades conocieron que miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes operan en el noreste antioqueño y están en conflicto con el Clan del Golfo, tienen a Jiménez y a Barroso en su poder.
Según Martínez Guzmán, el ELN habría citado a ambos hombres para pedirles explicaciones sobre su presunta colaboración con el Clan del Golfo.
“Desde ese día estas personas no aparecen por ninguna parte. No ha habido una exigencia económica, la familia guarda total silencio, pero hay gente alrededor que se dio cuenta de la situación y decidió poner en conocimiento este hecho”, sostuvo el secretario.
Jiménez Moreno, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías, y Barroso Herazo, oriundo del sector de Mina Vieja en Bolívar, fueron reportados ante la Comisión de Verificación del cese al fuego de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado que su desaparición constituye una violación al acuerdo de cese bilateral vigente en el departamento.
Cabe recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue invitado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central (EMC) el jueves 20 de junio, pero declinó la invitación, debido a que para él no hay un compromiso verdadero de paz.
“En el Gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, la paz se entiende como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades. Y si se quiere, la paz con muestras de buena voluntad. Las Farc firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han dado muestras de paz en el departamento. Al contrario, siembran terror”, dijo, vía X.
Liberaron a dos menores de edad secuestrados por el ELN en el Catatumbo
El viernes 14 de junio, Maicol Delgado Villamizar y Yorban Andrey Robles Quintero, dos menores de 16 y 17 años respectivamente, fueron dejados en libertad tras permanecer en cautiverio por miembros del ELN desde el 9 de junio. Los adolescentes fueron entregados a una comisión humanitaria en una zona rural del Catatumbo (Norte de Santander), informaron autoridades locales.
La comisión estaba formada por representantes de la Diócesis de Ocaña, la Defensoría Regional del Pueblo y la Personería Municipal de El Tarra. La entrega tuvo lugar en una zona remota, donde se constató el estado de salud de los jóvenes, quienes reconocieron el “buen trato” durante su cautiverio.
El secuestro ocurrió en el colegio Monseñor Díaz Plata, en el municipio de El Tarra, cuando hombres armados irrumpieron en el establecimiento educativo. El hecho generó temor e incertidumbre en la comunidad educativa y en las familias de los adolescentes.
El ELN justificó el secuestro a través de un comunicado, donde mencionaron que su objetivo era ejercer “control social” en la región. La guerrilla acusó a los menores de vender estupefacientes en la escuela y aseguró haber mantenido reuniones con los padres para seguir monitoreando la situación y evitar futuras infracciones.
La cooperación y coordinación entre la comunidad y las organizaciones humanitarias fueron destacadas por las autoridades locales como fundamentales para resolver este tipo de conflictos en zonas afectadas por la violencia. Un portavoz de la Defensoría del Pueblo elogió el esfuerzo colectivo para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes del Catatumbo.
“La colaboración entre la comunidad y las organizaciones humanitarias es crucial para enfrentar los desafíos en zonas afectadas por la violencia”, afirmó la entidad.
Las autoridades reiteraron en su compromiso de trabajar en conjunto para desmantelar estas estructuras y proteger a la población civil de la violencia continua.