Después de la aprobación con modificaciones de la ley Bases y el paquete fiscal, que volvieron en segunda revisión a Diputados, el Senado tendrá una semana en la que habrá casi nulo movimiento por los feriados de hoy, jueves y viernes. Sin embargo, el oficialismo ya piensa cómo resolver los pedidos de sesiones especiales reclamados por la oposición dialoguista sobre jubilaciones, fondos universitarios, dietas de los legisladores e incluso para interpelar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Tras el polémico aumento exprés de dietas activado por senadores de casi todos los bloques, el Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans, exigió a fines de abril pasado una sesión especial para el 2 de mayo, con el objetivo de tratar un proyecto suyo para que nadie en el Estado gane más que el Presidente.
Dicho pedido además incluía la emergencia presupuestaria de universidades durante 2024 -elevar inversión a $5,8 billones-; el incremento progresivo de dichas partidas para llevar al 1,4% del Producto Bruto Interno hasta 2032; y la reglamentación del precio de adquisición de energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A., o el equivalente a retrotraer aumentos.
El bloque que maneja Mayans tiene 33 legisladores, a cuatro del quórum. Para concretar la reunión en el recinto necesitará la ayuda de la oposición no kirchnerista, donde se encuentran el PRO, la UCR, el peronismo disidente y bloques provinciales silvestres. El cristinismo denostó a alguno de ellos por el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal. A propios, también.
La iniciativa de Mayans impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo, vital y móvil. Ese será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado.
En cuanto a autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil. Un tema más que delicado.
Seguido a la solicitud del kirchnerismo apareció otra del PRO para que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, “tenga a bien convocar a una sesión especial en la fecha que considere pertinente” para eliminar la criticada suba de dietas. El macrismo tuvo una actitud zigzagueante en relación con esta cuestión y quiso demostrar que no había acompañado la decisión de la mayoría cuando, en realidad, nunca pinceló una postura unificada sobre el tema.
Al poco tiempo apareció un pedido de algunos radicales, de Guadalupe Tagliaferri (PRO) y de peronistas disidentes como Carlos Espínola para que se debatan varios textos. Un proyecto es de Martín Lousteau que declara la emergencia del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024 y establece los mecanismos de financiamiento del mismo.
Otra iniciativa es de la neuquina Silvia Sapag, que da luz verde la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante el año 2024 y eleva la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones para este año. Y un último, también de la legisladora kirchnerista y vicepresidenta de la Cámara alta, que gatilla el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032.
Más allá de toda esta agenda de demandas, la ley más complicada para La Libertad Avanza es la de actualización jubilatoria que aprobó días atrás Diputados. El radicalismo senatorial ya apura su análisis y el oficialismo se prepara para una derrota. En medio de todo esto se encuentra Javier Milei y sus intenciones de vetar la iniciativa en cuestión.
Durante la última sesión del miércoles y jueves pasado, Lousteau recordó algunos puntos que no pudo incorporarlos a la ley Bases. “He pedido que haya tres temas: uno era la obra pública, que se incorporó a medias; el otro es el tema de los jubilados que, evidentemente, al gobierno sigue sin importarle; y, el tercero, era el tema de educación. Una Ley Bases no puede no tener educación”, dijo el titular del centenario partido.
“¿Qué es lo que hacen estos dos títulos? El gobierno piensa que resolvió el problema educativo, el problema universitario, y ya expliqué qué es lo que pasó: las universidades ayer estaban de paro; y estaban de paro porque los sueldos de los docentes, de los investigadores, de los que abren las universidades no están cubiertos y no están siendo actualizados”, manifestó Lousteau. El legislador porteño siguió: “¿Qué es lo que hace el título de la emergencia presupuestaria? Actualiza el presupuesto universitario. ¿Para qué? Para que puedan cumplir las universidades sus funciones como corresponde, algo que garantiza el futuro de nuestros jóvenes y que, además, ha sido respaldado en marchas multitudinarias cuando el gobierno, primero, mintió con respecto a lo que hacía con la actualización universitaria, y recién después de la marcha se dignó a contar la verdad o a admitir la verdad”.
Lousteau finalizó: “¿Qué hace el Título XI con respecto al FONID? Primero, lo repone, pero después, además, le dice al Consejo Federal de Educación que tiene que rediseñar el FONID. Y, por último, está el tema de la esencialidad de la educación, que es el artículo 238, también correspondiente al Título XI. Lo que hace es garantizar el derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo durante los días de clases. Y para eso garantiza: la apertura de los establecimientos para clases, la apertura de los servicios de alimentación escolar y, por último, un porcentaje mínimo del 30% de asistencia de la nómina docente”.
Una semana antes de la sesión del miércoles y jueves pasados, el Frente de Todos exigió a Villarruel que convocara al pleno de la Cámara alta para votar un proyecto de resolución. Es para interpelar a Petovello y que “dé a conocer las razones por las que retuvo sin causa alguna la distribución de varias toneladas de alimentos destinados a sectores vulnerables de la sociedad”.