Madrid, 5 jun (EFE).- El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con la oposición de los socialistas y otros grupos que apoyan al Gobierno, la toma en consideración de una proposición de ley del PP para declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que supondría a sus agentes jubilarse un año antes sin perder poder adquisitivo.

Gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta, la iniciativa -que ha contado con 147 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones- seguirá ahora su trámite en el Senado, pero probablemente no contará con las mismas perspectivas de éxito cuando llegue al Congreso.

Así que esa declaración, que es una reivindicación histórica de las asociaciones de la Guardia Civil y de los sindicatos policiales, tiene más posibilidades en el grupo de trabajo que los ministerios del Interior y de Seguridad Social han creado para llegar a una solución y dar satisfacción a esa demanda.

Porque pese a las discrepancias entre el PP y el PSOE por el método elegido por cada uno para resolver esa reivindicación, ambas formaciones, como el resto de los grupos que han intervenido en el debate, están de acuerdo en declarar a las fuerzas de seguridad del Estado y a los agentes de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

Lo han podido escuchar desde la tribuna de invitados del hemiciclo los representantes sindicales y de las asociaciones de los tres cuerpos afectados.

Ha sido el senador Vicente Tirado quien ha defendido la proposición del PP, que reformaría la Ley General de la Seguridad Social para incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.

Tras alabar la «impagable y extraordinaria» labor de los agentes, que son «el escudo en defensa de nuestra libertad», Tirado ha defendido la iniciativa porque, además de justa, terminaría con el «agravio» respecto a profesiones similares, como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra.

«Es un deber ético y moral incluirles entre las profesiones de riesgo», ha dicho Tirado antes de calificar la iniciativa como una «nueva ley Feijóo» que corregirá «esta afrenta» y una situación actual que es «denigrante, vejatoria e injusta».

Desde el PSOE, su senadora Rocío Briones ha dejado claro que su partido y el Gobierno están también de acuerdo con la medida que propone el PP, pero ha recordado que ya se está trabajando en ella y que no es fácil porque, entre otras cosas, los agentes tienen regímenes laborales distintos y eso «ralentiza la solución, que no puede ser sencilla».

Briones ha insistido en que se está haciendo un trabajo «riguroso» y aunque ha valorado el derecho del PP a presentar esa propuesta, le ha acusado de «utilizar» a las fuerzas de seguridad para después «olvidarlas».

Ha recordado que el PP estuvo mas de 7 años en el Gobierno y no concedió la jubilación anticipada a ningún colectivo profesional. Y ha preguntado a los populares: «Si la situación (de los agentes) les parecía tan injusta, por qué no lo hicieron?».

Por su parte, Paloma Gómez, de Vox, ha considerado injusta la situación actual, que ha atribuido a la «falta de voluntad política».

Nerera Ahedo, del PNV, por su parte, se ha mostrado partidaria de considerar a esos cuerpos profesión de riesgo, pero ha advertido de que hay que sortear muchas dificultades técnicas y de que la solución no es tan fácil.

Porque si lo fuera, «¿por qué no la abordaron cuando gobernaban?, por ejemplo en 2009 cuando se acordó para la Ertzaintza», le ha espetado Ahedo al PP. «O no es tan sencillo o ahora estamos de postureo», ha apostillado después de confiar en que el grupo de trabajo creado finalice su labor «con éxito y celeridad».

Josep Lluis Cleries, de Junts per Catalunya, también ha reprochado al PP que no tomara esa medida cuando gobernaba y ha echado en falta la inclusión en la propuesta de los populares de otras profesiones de riesgo, como los agentes rurales.

El debate lo ha cerrado Javier Jiménez, del PP, quien ha aludido a la ley de amnistía que, según él, «dejará imputados a policías que actuaron en el 1-O mientras se amnistiará a CDR y al propio Puigdemont». EFE

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