El PSOE quiere que el Gobierno, en el ejercicio de su función directiva de la política exterior, marque directrices para regular la acción exterior de las comunidades autonómas y sus ‘embajadas’ así como los procedimientos para hacer efectivas la competencia estatal de coordinación de esta acción en el exterior.
Así consta en una de las propuestas de resolución que ha presentado el PSOE al informe de fiscalización del Tribunal de cuentas sobre el destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre los ejercicios 2011 y 2017.
Hace dos semanas la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, dio cuenta de ese informe ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el fiscalizador y ahora los grupos han registrado sus propuestas de resolución sobre el mismo, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que se someterán a votación en el mismo órgano.
En concreto, el PSOE pretende aprovechar este trámite para que las Cortes insten al Gobierno a que «regule el procedimiento a través del cual las comunidades autónomas puedan poner de manifiesto sus necesidades, prioridades y criterios en orden al desarrollo de sus competencias de acción exterior».
Asimismo, es partidario de que el Ejecutivo «establezca los sistemas y procedimientos a través de los cuales se hacen efectivas sus competencias de coordinación y dirección de la acción exterior, así como la participación autonómica en el control y valoración del ejercicio de esa función en lo que respecta a las competencias de aquellas».
COORDINARSE CON EXTERIORES
El PSOE también quiere que las Cortes insten al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas entre las que destacan que se coordine con Exteriores en la planificación de sus actividades de acción exterior y le informe de sus planes.
También que establezca «un riguroso sistema de control interno y sistemas periódicos de control efectivo que impidan la realización de gastos sin ajustarse a la legalidad vigente» y que sus delegados se reúnan con los órganos de representación exterior del Reino de España para «permitir el control de la actividad por aquellos desarrollada y su coordinación bajo la dirección del Gobierno de la Nación».
En sus propuestas de resolución, el PP plantea que la comisión mixta constate que las ‘embajadas’ catalanas dedicaron numerosas acciones y recursos públicos a impulsar el procés y conseguir apoyos para el mismo «de forma desleal con el Estado» y que repruebe a sus máximos responsables políticos por las «irregularidades» detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, los ‘populares’ quieren emplazar la Generalitat a ejercer las políticas de acción exterior bajo el principio de «lealtad institucional mutua» y en coordinación con el Estado, a que sus ‘embajadas’ realicen informes de gestión de sus actividades detallando sus costes y a «exigir el control de la actividad económico financiera» y «mecanismos de control interno» de las mismas.
De su lado, Vox aboga en sus propuestas por reclamar al Gobierno el «cierre inmediato» de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, a dejar de sufragar con dinero público «actividades separatistas» y a promover la asignación de recursos a fomentar la «unidad nacional y la convivencia pacífica entre españoles».
ERC Y BILDU DESCALIFICAN EL INFORME
Por su parte, ERC y Bildu dedican sus propuestas de resolución a pedir medidas para evitar que el Tribunal de Cuentas «invada competencias propias del Tribunal Constitucional» como, a su juicio, ha hecho al someter a análisis de constitucionalidad la acción de exterior de Generalitat.
Las formaciones independentistas denuncian que el informe del Tribunal de Cuentas no es «ni objetivo, ni imparcial, ni ponderado , ni equilibrado» y está «lleno de juicios de valor» y critican que las Cortes lo hayan debatido cuando hay instrucciones de procesos penales que tienen su origen en el mismo sin «respetar la presunción de inocencia». Además, defienden que el informe debería revisarse, «vista la inminente entrada en vigor de la Ley de Amnistía».