El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley 32123, Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano. La cuestionada norma, impulsada por Fuerza Popular, ha polarizado las opiniones dentro y fuera del Congreso. José Luna, parlamentario de Podemos Perú, cuestionó su utilidad e indicó que su aprobación “ha condenado a los trabajadores, sobre todos los más jóvenes, a una pensión miserable, y solo han garantizado mayores ganancias para las AFP y bancos”.
“Esta norma es producto de presiones de grupos de poder y el millonario lobby a favor de las AFP. No podemos aceptar que el poder del dinero se imponga sobre los derechos de los trabajadores y jubilados. Trabajaremos y lucharemos —incluso en las calles— para lograr una verdadera reforma que garantice pensiones justas para los trabajadores, formales e informales, y para los micro y pequeños empresarios”, sostuvo.
“Las AFP y los bancos ya no solo recibirían el aporte obligatorio de los trabajadores, a los informales también se les descontará hasta el 5% de sus recibos por honorarios profesionales, además administrarán el 1% de los gastos de consumo y servicios que realicen todos los afiliados”, agregó.
Destacó que dicha reforma no solo representa un “enorme gasto fiscal para financiar la incompetencia de las AFP”, porque el Estado peruano tendría que asumir la diferencia entre el monto del fondo acumulado en las cuentas individuales de capitalización del aportante y el dinero necesario para obtener una pensión mínima, sino que también prohíbe a los trabajadores menores de 40 años el retiro del 95.5% de su fondo al llegar a la edad de jubilación. “La única posibilidad que tienen es resignarse a una pensión miserable, de apenas 600 soles. Le niegan la posibilidad de disponer de su capital para algún negocio o una inversión que le podría generar un mayor ingreso”, subrayó.
En ese sentido, fuentes al interior de la bancada adelantaron a Infobae Perú que entre mañana y el jueves el congresista presentará dos proyectos. Uno es para restituir la opción de retiro del fondo al tramitar la jubilación y el segundo para que la edad de jubilación anticipada retorne a los 50 años.
Cabe mencionar que, antes de ser promulgada, el parlamentario remitió un oficio a la jefa de Estado a fin de que observe la norma al considerarla “lesiva al derecho de los trabajadores y pensiones”.
Oficio a Dina by Camila Calderón
Además, afirmó entonces que se contempla una “inconstitucional discriminación” en perjuicio de los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones y los menores de 40 años, teniendo en cuenta que ellos no podrán retirar sus fondos del 95.5% al momento de jubilarse. “Desde el 2016 hasta la fecha, un total de 532 mil 975 afiliados se han beneficiado de esta opción, lo que implica un desembolso automático e inmediato de recursos para las AFP”, manifestó.
Por otra parte, expresó que si se obliga a los ciudadanos que generan recursos a través de recibos por honorarios a aportar entre el 2% y el 5% de sus ingresos para una futura pensión, se podría desincentivar la formalización.
Esta es la norma promulgada
¿Qué dicen los expertos?
En diálogo con Infobae Perú, Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico e investigadora especializada en pensiones y seguridad social, calificó la norma de “muy mala”.
“La pensión proviene de los ahorros que tú puedas haber hecho cuando eres joven, es un esfuerzo que tienes que hacer. Pero esta propuesta es un contrasentido, porque sugiere que mientras más consuma más grande va a ser tu pensión”, indicó.
El director gerente de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, también se mostró en contra. “Esto tiene un costo fiscal porque significa disponer de más 1/16 del IGV recaudado con un fin específico, lo que —sin medidas adicionales— presionaría permanentemente a un mayor déficit. (…) Hay una contradicción en la propuesta. Por un lado, mencionan que el costo fiscal anual estaría alrededor de los S/ 3.400 millones, pero el valor del consumo haría que el costo supere los S/ 6.000 millones”, opinó para este medio.
Otra de las voces contrarias es la del mismo ministro de Economía, quien declaró en Gestión que “mucha gente cree que por poner pensión por consumo, este aporte del 1%, está solucionado el tema pensionario del país, pero no es así”. “Esto no le va a hacer ‘ni cosquillas’ a la demanda que va a tener la gente que hoy día contribuye”, sentenció.