(Eduardo Parra – Europa Press/)
El ex subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Jesús Manuel Gómez, recientemente cesado por el ministro Óscar Puente por el caso Koldo, ha apuntado a Sanidad, Interior, Defensa y su propio Ministerio como los organismos encargados de tomar las decisiones sobre la compra de mascarillas y otro material sanitario en un “comisión interministerial”.
En su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en calidad de investigado, Gómez ha señalado a Koldo García como la persona que le dio la oferta para contratar a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, y que el asesor hablaba por el entonces ministro José Luis Ábalos, según han informado fuentes presentes en la declaración. El propio Ábalos le pidió que se encargase de la gestión de la compra de lotes de mascarillas al inicio de la pandemia.
A preguntas del fiscal y su abogado, ha asegurado que trasladó la orden de contratar a Soluciones de Gestión a Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio, aunque lo hizo mientras encargaba a su equipo un informe sobre la solvencia de la empresa pese a que el mecanismo de contratación de urgencia no lo exigía.
En total, el Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos pagó 20 millones de euros a Soluciones de Gestión por la compra de ocho millones de mascarillas. Esa cifra de unidades se dobló -de cuatro a ocho- por orden del ministro, una decisión que el ex subsecretario de Transportes ha justificado por el contexto “caótico” que provocó la pandemia y la urgente necesidad de material sanitario.
Preguntado por su relación con presuntos miembros de la trama, por ejemplo Víctor de Aldama, ha dicho que no lo conocía y que nunca lo vio en la sede del Ministerio de Transportes, una afirmación que no coincide con la dada por la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien aseguró encontrarse al presunto comisionista de forma frecuente en la misma planta donde estaba el despacho de José Luis Ábalos.
El juez Ismael Moreno acordó la citación de Gómez después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción apoyándose en que tanto él como los también investigados Michaux Miranda y Álvaro Sánchez Manzanares “podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas”, según recogió en uno de sus informes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
“Comisión interministerial”
Al finalizar la declaración, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha subrayado que, a su juicio, la situación procesal de varios testigos, ex altos cargos del Ministerio de Transportes e Interior, debería pasar “de testigos a investigados”.
Sobre la “comisión interministerial” que conformaban Transportes, Sanidad, Interior y Defensa, la representante de una de las acusaciones populares ha subrayado que “ahí era donde se tomaban todas la decisiones” y se elegía “dónde, cuándo y cómo” se adjudicaron los contratos a Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas. Sin embargo, las actas de esas reuniones “no han aparecido” ni ha tenido acceso a ellas la UCO de la Guardia Civil, lo que a juicio de Vox puede conllevar “otras consecuencias penales”.