El teniente del Ejército Nacional, Fredy David Acuña Picón, enfrenta una nueva investigación disciplinaria tras haber denunciado en medios de comunicación un presunto “complot exprés” dentro de las Fuerzas Militares, que tenía como objetivo destituir al general Jhon Jairo Rojas, conocido como el “general de la paz”.
Según un documento conocido por Caracol Radio, el Ministerio de Defensa, a través de su grupo coordinador de sistemas de información, notificó al abogado del teniente sobre la apertura de este nuevo proceso.
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El testimonio que desató la controversia
Fredy Acuña Picón es un oficial de inteligencia militar que confesó su participación en el supuesto complot contra el general Rojas. En una diligencia de interrogatorio, el teniente reveló a un fiscal anticorrupción que varios generales del Ejército Nacional crearon una serie de informes para involucrar al general en actos de corrupción. Estos informes habrían sido generados en un corto periodo de tiempo con el único propósito de retirar a Rojas del mando en el Cauca. Entre los altos mandos involucrados en la creación del “complot exprés” aparece el nombre del entonces comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, hoy en retiro.
De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, fue precisamente el general Ospina quien solicitó al Ministerio de Defensa investigar al teniente Acuña, petición que consta en el oficio compartido por el medio. Además, otro documento del Ministerio de Defensa, que había sido reservado hasta ahora, señala que en julio de este año se notificó al teniente Acuña de la apertura del nuevo proceso disciplinario en su contra.
Las contradicciones del proceso disciplinario
Uno de los puntos más controvertidos de este nuevo proceso disciplinario es que el Ejército Nacional alega que el teniente Acuña no denunció la conspiración ante la Fiscalía, sino ante los medios de comunicación. Sin embargo, este argumento parece no corresponder a la realidad, ya que Acuña sí presentó su denuncia ante el ente acusador, como consta en el interrogatorio que rindió.
Esta situación plantea una contradicción en el caso, puesto que el artículo 67 de la ley 906 establece que es deber de todo ciudadano denunciar la comisión de un delito, y el hecho de no hacerlo podría derivar en un prevaricato por omisión si se trata de un funcionario público.
Acuña, que está negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, reveló que su decisión de hablar públicamente sobre el complot se debe a que cree en el karma. Según él, ya le contó toda la verdad al general Rojas y al ministro de Defensa, Iván Velásquez. “Para mí es un montaje. Yo participé”, confesó en una entrevista con la revista Semana.
En su relato, Acuña aseguró que fue el coronel Camilo Osorio el que lo involucró en el complot contra el general Rojas. Según Acuña, Osorio, conocido con los alias de Baltazar o Sayayin, presentó una fuente en Bogotá que afirmaba que el general Rojas tenía nexos con el narcotráfico y grupos al margen de la ley. La fuente argumentaba que Rojas había recibido grandes sumas de dinero e incluso le habían comprado una casa de $3.000 millones.
No obstante, al intentar corroborar la información, Acuña notó inconsistencias en las descripciones físicas del general y en los detalles proporcionados por la fuente. “Nosotros verificamos y la descripción no correspondía”, dijo. Ante las irregularidades y la falta de pruebas sólidas, decidió denunciar lo que estaba ocurriendo.
Sin embargo, tras su denuncia, Acuña fue trasladado a Tumaco, en lo que interpretó como un castigo por haber expuesto el complot. En Tumaco, fue obligado a realizar patrullajes a pesar de su especialización en contrainteligencia. En una de las entrevistas con Semana, Acuña relató que se sintió tan desesperado por la persecución que enfrentaba, que llegó a considerar el suicidio. “Yo estaba muy desesperado, esa noche pensé en suicidarme. Porque el sistema me entrenó, me capacitó y me empezó a perseguir”, confesó.
Además de la nueva investigación disciplinaria, Acuña enfrenta otros dos procesos: uno disciplinario y otro penal. El proceso penal se deriva de su negativa a cumplir una orden para patrullar una zona roja, alegando que dicha orden se le impartió como represalia por haber denunciado el complot contra el general Rojas. Esta denuncia salpica también a otros altos mandos, como los generales en retiro Helder Giraldo y Luis Mauricio Ospina.