(Antonio Sempere – Europa Press/)
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado la suspensión cautelar del protocolo de acogida de menores migrantes, recientemente aprobado por el Gobierno canario, al considerar que vulnera sus derechos fundamentales.
En su auto, la Sala de Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal canario accede a la petición de la Fiscalía “por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia”, aunque no entra a analizar el fondo del asunto. El Ministerio Público había solicitado la suspensión cautelar del protocolo por “vulnerar los derechos fundamentales” de los menores que llegan al archipiélago canario.
En concreto, la Fiscalía argumentó que viola el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral del artículo 15 de la Constitución.
Una vez establecida la suspensión cautelar, da traslado a la comunidad autónoma de su decisión provisional para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente, de cara a una posterior decisión de la Sala en los próximos días.
En el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía pidió como medida “cautelarísima” la suspensión del protocolo aprobado el pasado 12 de septiembre por el Gobierno de Fernando Clavijo, ya que “su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad autónoma”.
El protocolo, aprobado por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) con el apoyo del PP fue publicado el pasado día 12 en el Boletín Oficial de Canarias. En el documento se establece que la acogida de un menor migrante por parte de la comunidad autónoma exigirá primero una identificación, la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del Estado en presencia de un intérprete. Además, la Administración General del Estado tendrá que comunicar al Gobierno autonómico la existencia de un menor migrante “en condiciones de ser entregado”.
El protocolo detalla cómo deben actuar las autoridades ante el “desorden” que, a juicio del Gobierno de Fernando Clavijo, generan las entregas directas de los menores llegados en patera que hace la Policía a los a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, “poniendo en riesgo sus derechos”.
(Noticia en ampliación)