Sumar reclamará, a través de una Proposición No de Ley (PNL), que el Congreso condene los «atroces crímenes internacionales» de Israel contra la población palestina, en vísperas de que se cumpla un año de la ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza.
La iniciativa, impulsada por el portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago junto al secretario general del grupo plurinacional Txema Guijarro, demanda también repudiar todas las formas de trato «cruel, inhumano y degradante» que, a su juicio, despliega las autoridades israelíes contra palestinos arrestados desde que Hamás lanzó su ataque en octubre de 2023. Además, denuncia una estrategia de «limpieza étnica» y «apartheid» en territorios ocupados.
La proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se plantea para su debate en el Pleno del Congreso, insta al Gobierno a exigir que Israel cese todas las formas de «castigo colectivo» contra el pueblo palestino, tanto de forma bilateral como de manera multilateral.
A su vez, Sumar reitera la petición de cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza y que se frene la «violencia» en contra de la población civil palestina en Cisjordania y Jerusalén Este.
En esta línea, demanda que el Gobierno denuncie la «escalada de violencia» en la zona durante los últimos once meses por parte, según relata Sumar, de los colonos de asentamientos ilegales contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este. Todo ello, asegura, con la «colaboración o connivencia» del ejército de Israel.
RESARCIR A LAS VÍCTIMAS DE LA OCUPACIÓN «ILEGAL»
Por otro lado, llama a reconocer, en línea con la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), la «ilegalidad» de la ocupación de territorios palestinos y la «expansión de los asentamientos ilegales».
Al hilo, solicita al Ejecuto que exija a Israel que los desmantele y se repare a las víctimas palestinas afectadas por la «ocupación ilegal», así como la restitución de tierras y otros bienes muebles e inmuebles expropiados.
Otro de los puntos de la PNL exhorta a segur colaborando con la Corte Penal Internacional en las investigaciones abiertas contra Israel, de cara a que se pueda juzgarlo como un «Estado agresor» por sus «continuas violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario contra el pueblo palestino».
En la exposición de motivos, el grupo plurinacional afirma que Palestina lleva once meses «asediada» por «una operación militar de castigo colectivo que ha generado una catástrofe humanitaria sin precedentes», dentro de un contexto marcado por la ocupación ilegal prolongada por 76 años y caracterizada por la imposición de un régimen de «ocupación y apartheid».
Una operación que, según señala la iniciativa suscrita por Santiago y Guijarro, ha «destruido» la Franja y ha provocado la muerte de, al menos, 39.677 personas con otras 91.645 han resultado heridas, según los datos recogidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios a fecha 10 de septiembre.
«El 90% de la población gazatí se encuentra en situación de hambre y 495.000 personas se encuentran en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria», en medio del «sistemático bloqueo» de los corredores humanitarios y la «destrucción indiscriminada» de escuelas, refugios, hospitales y de las llamadas zonas humanitarias.
«Nada justifica la devastadora acción militar israelí que ha tomado a la población palestina como auténtico objetivo militar», ahonda la iniciativa de Sumar.
ALERTA DE LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN CISJORDANIA
También agrega que Cisjordania es «testigo» de lo que está siendo, según Naciones Unidas, una escalada «alarmante y urgente» de violencia.
«Estas prácticas de castigo colectivo se reflejan a través de acciones concretas, como el endurecimiento de las restricciones de movimiento, incursiones militares casi diarias, detenciones masivas de civiles, incluidos menores, anexión de tierras palestinas y la expansión de asentamientos ilegales que tiene como consecuencia añadida el incremento de agresiones de colonos israelíEEs sobre la población palestina en un contexto de impunidad», denuncia el grupo plurinacional.
Por ejemplo, desgranan que las autoridades israelíes demolieron o confiscaron 1.179 estructuras palestinas en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este, de las cuales el 40% eran viviendas habitadas. Como resultado, 2.756 personas, entre ellas 1.113 niños, resultaron desplazadas de manera violenta.
También critica que están activas 829 barreras, puntos de control y bloqueos que restringen el acceso de la población palestina dentro de Cisjordania y hacia Jerusalén Este, incluidos hospitales y el recinto de la mezquita de Al Aqsa.
«LIMPIEZA ÉTNICA»
A su vez, denuncian una «limpieza étnica» con una «violencia sistemática», «persecución» y expulsión de la «población palestina para garantizar el cambio demográfico hacia una mayoría judía en lugar de árabe en zonas ocupadas. También aluden a que 554 palestinos fueron «asesinados» a manos de las fuerzas militares y colonos israelíes en Cisjordania.
Por otro lado, ha clamado contra la detección de 9.700 palestinos de Cisjordania, considerados «prisioneros de seguridad» y con denuncias de «tratos vejatorios y torturas»
«Al igual que hemos exigido la liberación de los rehenes en poder de Hamas, la comunidad internacional debe también exigir la inmediata puesta en libertad de los «prisioneros de seguridad» y otras personas detenidas ilegalmente por Israel», enfatiza la PNL que alerta de que con el «gobierno de extrema derecha» de Israel se ha incrementado tanto la «anexión de tierras como la limpieza étnica».
Finalmente, Sumar subraya los esfuerzos del Gobierno para el reconocimiento del Estado Palestino y su papel de colaborador en el procedimiento contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, pero ante la «extrema gravedad» de la situación que atraviesa el pueblo palestino ve «imprescindible adoptar otras medidas para denunciar y prevenir que el genocidio y las violaciones de derechos humanos».