Un sacerdote católico y un pastor de la Iglesia morava de Nicaragua denunciaron este viernes en Ginebra que el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado “la persecución” y “la represión” contra agrupaciones religiosas y sus seguidores, prohibiendo sus actividades y enviando al exilio a decenas de sacerdotes.
El pastor moravo Francisco Alvicio Watshus, un indígena misquito que participó en un evento sobre derechos humanos paralelo al 57° período de sesiones de Naciones Unidas, dijo que el gobierno no solo pretende “arrebatarles” sus tierras, sino que también quiere “controlar todos los espacios de nuestras vidas, incluyendo la Iglesia”.
Watshus contó que fue obligado al exilio en Costa Rica “por pretender el derecho a la autodeterminación de mi pueblo”. Agregó que el gobierno sandinista de la década de 1980, que Daniel Ortega presidió de 1985 a 1990, cometió “abusos, violaciones y asesinatos contra la población misquita”.
Las autoridades de Nicaragua ordenaron la clausura, el pasado 29 de agosto, de la Iglesia morava, fundada en la costa Caribe de Nicaragua en 1849. Watshus dijo que esta Iglesia tiene más de 100.000 miembros activos y 350.000 colaboradores en esa zona.
“Pedimos a la comunidad internacional el asilo y refugio para los misquitos que ahora huyen de la represión en Nicaragua”, dijo el religioso, que también pidió que se detenga el “ataque” a su Iglesia y se respeten sus creencias.
Durante el panel, se presentó un video de un sacerdote católico exiliado, cuya identidad fue protegida por temor a represalias. El sacerdote denunció que la persecución contra la Iglesia tiene una motivación política, especialmente desde la rebelión social de 2018, cuando varios obispos fueron acusados de participar en un “fallido golpe de Estado” por apoyar las protestas ciudadanas.
Afirmó que “la libertad religiosa ha empeorado seriamente”, pese a que la Constitución nicaragüense establece el respeto a la libertad de cultos.
La abogada Martha Patricia Molina, experta en temas de la Iglesia católica, informó que entre 2018 y 2024 ha documentado 870 agresiones contra la Iglesia católica y más de 100 contra la Iglesia cristiana evangélica. También mencionó el cierre de ONG, universidades, y de 22 medios de comunicación religiosos, así como el exilio forzado de 260 religiosos, muchos de los cuales han sido “desnacionalizados”.
Dijo también que los religiosos han sufrido robo de bienes inmuebles y congelamiento de cuentas bancarias, que el gobierno ha expulsado del país a 14 congregaciones y que en los últimos seis años ha prohibido 9.688 actividades religiosas.
Según Molina, el gobierno pretende “continuar una política de adoctrinamiento” para “exterminar” a las iglesias y “que sean Daniel Ortega y Rosario Murillo los únicos líderes en el país”.
(Jorge Torres/)
En el panel también participó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN), dijo que en Nicaragua “no se viola sólo el derecho a profesar la fe, si no también el derecho a la libre expresión, circulación, reunión, a la nacionalidad y a la propiedad”, al recordar que a cientos de opositores se les ha quitado su nacionalidad y se les han confiscado sus bienes en el país.
La experta indicó que el GHREN ha documentado una nueva “escalada a otras formas de represión”, al perseguir “a quienes tengan la capacidad de congregar personas”, así como ejercer “una represión transfronteriza” mediante reformas legales aprobadas recientemente.
(AP)