Madrid, 31 may (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el conocido como caso Koldo, en el que se investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

En un escrito fechado el 29 de mayo, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el fiscal Luis Pastor solicita al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite en calidad de investigados al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda.

También solicita que se investigue al ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.

El escrito del fiscal está fechado un día antes de que la Fiscalía Europea acordase asumir la investigación del caso, una decisión a la que se opondrá Anticorrupción, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

En el caso de que el juez tampoco esté de acuerdo, puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo y que sea este quien decida quién investiga el caso.

Las imputaciones solicitadas por Anticorrupción llegan después de que la Guardia Civil remitiese al juez un informe en el que destacaba el papel que presuntamente habrían jugado distintos altos cargos, entre los que figuran aquellos a quienes ha solicitado investigar.

Pero no son las únicas citaciones que solicita en su escrito: el fiscal también pide al juez que interrogue, en este caso en calidad de testigos, a varios cargos del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y Adif en el momento en el que se adjudicaron los contratos bajo sospecha a la empresa Soluciones de Gestión.

Entre los testigos propuestos figuran el expresidente de Puertos del Estado Francisco Lobo; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; y el ex director general de Organización e Inspección de Transportes y actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javier Sánchez Fuentefría.

Del citado informe de la Guardia Civil, Anticorrupción interpreta que las tres personas a quienes pide investigar ejercieron «ciertas presiones» sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas «sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación» a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación.

Dicha conducta podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, sostiene en su informe, en el que menciona correos en los que el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, «parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores».

La Fiscalía también destaca el papel del ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares al situarle en el liderazgo de la contratación de la citada empresa por parte de este ente público y al subrayar su «estrecha relación» con Koldo García.

Los responsables de esta empresa, dice el fiscal, sabían que iban a resultar adjudicatarios de un contrato al menos tres días antes de que Puertos del Estado efectuase tal adjudicación, y mantiene su hipótesis de que «la selección de esta empresa ya se habría realizado por parte del Ministerio, pues es este órgano quien imparte las instrucciones».

Sostiene además que Sánchez Manzanares informó a Koldo García de la oferta que habría presentado esta mercantil a Puertos del Estado, «esperando la contestación» del exasesor de Ábalos «para saber cómo proceder».

El fiscal menciona que el expresidente de Puertos del Estado manifestó ante la Guardia Civil que fue Sánchez Manzanares quien «les dio como hecho» que Soluciones de Gestión «era la empresa adjudicataria» y quien «tenía la comunicación directa con el Ministerio vía Koldo».

Ya destaca la «la vinculación» del exasesor de Ábalos con los «responsables de hecho» de los contratos investigados y «su incremento patrimonial coetáneo» a las adjudicaciónes «lideradas» por Sánchez Manzanares y Miranda, por parte de Puertos del Estado y Adif, respectivamente.

Respecto al actual alto cargo de Hacienda y ex director general de Organización e Inspección de Transportes, Javier Sánchez Fuentefría, la Fiscalía indica que «lo único que consta es que transmitió las órdenes y/o directrices» desde la subsecretaría del Ministerio a Sánchez Manzanares y Miranda EFE

mms/jdm