Lima, 31 may (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, busca que el Tribunal Constitucional (TC) anule la investigación que le ha abierto la Fiscalía como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.
El abogado de Boluarte, Marcos Rivero, presentó una demanda de habeas corpus ante el TC con el argumento de que el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, no podía abrir una investigación contra la mandataria, ni pedir el allanamiento de su domicilio, sin previa denuncia constitucional y autorización del Congreso.
Según un documento publicado por medios locales, la defensa de Boluarte argumentó que el Nuevo Código Procesal Penal establece la exigencia de una denuncia constitucional aprobada por el Congreso antes de poder investigar a la jefa de Estado.
Villena denunció constitucionalmente a Boluarte la semana pasada ante el Legislativo «como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado» por el caso de los relojes de lujo.
Poco antes, el Ejecutivo había anunciado que iba a presentar una demanda de competencias para que el TC establezca que no se puede investigar a la presidenta en funciones más que en los casos previstos en la Constitución, que comprenden traición a la patria, impedir las elecciones generales, o disolver el Congreso.
En la demanda presentada por Rivero también se afirma que Villena no puede investigar a Boluarte por su condición de fiscal general interino, por lo que pide que se ordene a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, que busque el pronto nombramiento de un fiscal general titular.
Tras conocerse la denuncia presentada contra la gobernante, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo que tiene la certeza de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la «va a declarar improcedente».
A su turno, la presidenta de esa subcomisión, Lady Camones, informó que la denuncia será informada en la sesión del próximo martes y añadió que veía «un claro cumplimiento de las funciones que le corresponden» al fiscal general, que comprenden llevar el caso ante el Congreso, que es la instancia que deberá decidir si procede su debate y votación. EFE
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