¿Quedará conforme la CGT con la reglamentación de la reforma laboral que el Gobierno publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial? Allí hay dos artículos que inquietan a la dirigencia gremial, pero la central obrera seguramente quedará más conforme en la medida en que la administración de Javier Milei cumpla con la promesa que ya hizo en forma reservada: no habrá luz verde desde el Poder Ejecutivo para los 28 proyectos de ley que se analizan en la Cámara de Diputados y que ponen en jaque al sindicalismo con medidas de transparencia, control de fondos y democracia interna.
Aunque el oficialismo ofrece no darles impulso a esas iniciativas desde su bancada y las de sus aliados política, como una muestra de buena voluntad para impedir el tercer paro general, dialoguistas y duros de la CGT coinciden en una preocupación: ¿qué pasará, pese a la promesa, si Milei logra un triunfo importante en las elecciones legislativas de 2025 y consigue una mayoría en el Congreso?
Por eso los gremialistas quieren tratar de impedir ese escenario triunfal para los libertarios, pero no será lo único que imaginan para frenar cualquier cambio en la Ley de Asociaciones Sindicales: también para ese objetivo fue gestada la audiencia del lunes 16 de septiembre con el Papa en el Vaticano.
(ETTORE FERRARI/)
Los promotores del encuentro imaginan que el apoyo a la CGT que brindará Jorge Bergoglio (”un Papa peronista”, como destacan los dirigentes gremiales) servirá como paraguas protector ante los intentos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, y eventualmente de la propia La Libertad Avanza, de sancionar proyectos que afectan al poder sindical, como la limitación de las cuotas solidarias, el tope a las reelecciones y medidas en favor de la transparencia y la democracia en los gremios.
Varios dirigentes tienen en mente la foto con el Papa que en junio pasado logró el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey: Bergoglio aceptó posar al lado de una bandera de Aerolíneas Argentinas justo cuando el Senado de la Nación debatía la Ley Bases en la que estaba prevista la privatización de la línea de bandera. Es cierto que el Gobierno accedió a quitar Aerolíneas de la lista de empresas privatizables porque no tenía los votos suficientes en el Senado para evitar el rechazo de la Ley Bases, pero la postal del Papa y la bandera de Aerolíneas se convirtió en un emblema político que ahora la CGT quiere repetir con la imagen de su contacto en el Vaticano.
Algunos memoriosos, sin embargo, se acuerdan de que el Papa es un defensor del sindicalismo, pero también le marcó algunos límites que pueden incomodar a algunos dirigentes: “Cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer y se transforma en un status de seudopatrones, también distanciados del pueblo”, dijo en 2021. Cuatro años antes, el Sumo Pontífice afirmó: “Así como en ocasiones la política es responsable de su propio descrédito por la corrupción, lo mismo ocurre con los sindicatos”. Y agregó: “El mundo y la creación entera aguardan con esperanza ser liberados de la corrupción. Sean factores de solidaridad y esperanza para todos. ¡No se dejen corromper!”.
¿Se animará el Papa a insistir en ese tipo de reclamos cuando reciba a la CGT en su casa de Santa Marta? Después de todo, esos proyectos que tanto asustan al poder sindical apuntan a tomar más recaudos para que no haya corrupción en los gremios a través de la obligación de sus dirigentes de presentar declaraciones juradas patrimoniales, el establecimiento de un código de ética o conducta y la inclusión de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios, entre otros.
Algunas de las iniciativas que analiza la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que preside el radical Martín Tetaz, también coinciden en proponer la limitación de los mandatos sindicales a 4 años, con el derecho a ser reelegidos por una única vez, y las restricciones a las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo.
El jueves pasado, en la maratónica reunión informativa de aquella comisión legislativa, no llamó la atención que el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) haya criticado ese tipo de proyectos, pero sí que otros dirigentes se hayan alineado en la defensa corporativa del modelo sindical argentino, del que siempre fueron sus más duros críticos. Por ejemplo, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, titulares de las dos variantes de una CTA que nació para oponerse al “unicato sindical” y que vienen prohijando la creación de gremios paralelos para competir con los que tienen la personería.
Los diputados de extracción sindical como Sergio Palazzo (Unión por la Patria) celebraron como un gol olímpico que uno de los 45 expositores, el abogado de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan José Etala, señalara: “Algunos proyectos tratan aspectos de la vida institucional de las entidades gremiales. Y en ese sentido sostenemos que somos respetuosos de la libertad y la autonomía sindical. Entendemos que el sector empresario no puede involucrarse en los aspectos institucionales de dichas entidades, así como tampoco las entidades gremiales tienen que involucrarse en la representación de los empleadores, como lo establece el convenio 87 de la OIT”.
A su vez, la diputada del PRO Verónica Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) e impulsora de un proyecto de ley que, al igual que el DNU 70, propone incorporar en el Código Penal duras sanciones contra los bloqueos sindicales, festejó cuando el abogado Hugo Antonio Moyano, dirigente y asesor legal del Sindicato de Camioneros, reconoció durante su intervención la ilegalidad de los bloqueos que su papá y su hermano mayor practican con tanta asiduidad: “Lógicamente que el bloqueo de una empresa es algo que sería contrario a la Constitución y que ya actualmente está penado por el derecho penal y también por el derecho civil”.
El mismo “Huguito” Moyano, como se lo conoce, aportó sus conocimientos jurídicos para redactar en 2015 junto con su hermano Facundo, secretario adjunto del Sindicato de Peajes y por entonces diputado nacional, el proyecto de ley sobre democratización sindical, que proponía un reglamento electoral transparente, la prohibición de estatutos tramposos, la eliminación de restricciones para competir y la utilización del voto directo para elegir autoridades, entre otros puntos.
¿El abogado de Camioneros apoyará de nuevo a Facundo Moyano, que esta semana lanzará el video en el que defenderá su planteo de debatir sobre la democracia en los gremios? “Huguito” Moyano ya no piensa lo mismo que antes. El jueves, ante la Comisión de Legislación del Trabajo, advirtió que los proyectos en análisis “violan la autonomía y la libertad sindical” y se quejó de que “se pretende hablar de democracia sindical con una interpretación que no están reclamando los trabajadores sino que viene de otros sectores que no respetan el principio básico de la democracia”.
La grieta familiar se instaló otra vez entre los Moyano por este tema. Se descuenta que Pablo no quiere saber nada con tocar ninguna ley laboral ni el sistema sindical, aunque la duda es qué hará el líder de Camioneros: en 2013, mientras conducía la CGT, papá Moyano no vaciló en apoyar el proyecto de democratización sindical que anunció Facundo, pese al rechazo unánime de sus pares.
“La reelección indefinida de los dirigentes sindicales se tiene que modificar”. “La mayoría de los dirigentes hemos coincido en que tenemos que empezar a buscar la forma de democratizar más las organizaciones gremiales”. “Cuando se hace el planteo de que en el país no hay libertad sindical es un error, libertad sindical hay. Lo que no hay es mucha democracia sindical”. Estas frases fueron dichas por Hugo Moyano hace 11 años. ¿Las ratificará ahora que Facundo vuelve a la carga con su propuesta? Si fuera así, un sector del moyanismo mostraría más vocación democratizadora en materia sindical que algunos de sus colegas combativos y de izquierda, como quedó a la vista en la reunión de Diputados en la que toda la dirigencia se unió contra cualquier cambio en ese rubro.
El jueves próximo, la Comisión de Legislación del Trabajo comenzará la tarea de tratar de unificar los proyectos que plantean profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales. Luego, se intentará emitir dictamen para llevar las iniciativas al recinto. Unión por la Patria está en contra. El impulso será del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. La Libertad Avanza, le prometieron a la CGT, mirará hacia otro lado. Y el bloque de Encuentro Federal se muestra dividido: su titular, Miguel Angel Pichetto, sigue siendo un aliado de la CGT, pero en esa bancada también figura Ricardo López Murphy, quien acompaña varios de los proyectos “anti-casta sindical” y es autor de uno de ellos que afecta “la caja sindical” al eliminar las cuotas solidarias.
Parece difícil el consenso para que se aprueben ese tipo de proyectos con esta composición del Congreso. No hay garantías sobre qué pasará tras las elecciones de 2025. La CGT, desesperada, apuesta a rezar para que su viejo andamiaje no tambalee y buscará la foto con el Papa para intentar el gran milagro: que Milei pueda reformar casi todo lo que quiera en la Argentina, menos al sindicalismo.