La situación social de nuestro país ha llegado a un punto crítico. Del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) surge que la evolución interanual de la pobreza y la indigencia es un golpe devastador para todas y todos los argentinos, especialmente para quienes ya se encontraban en una situación vulnerable. Hoy enfrentamos un panorama sombrío que requiere decisiones políticas firmes y una mirada centrada en la justicia social.
En el primer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina se disparó al 55%, un incremento alarmante respecto al 38,6% del mismo periodo en 2023. Este dato, que por sí solo es un claro indicador del retroceso social, se agrava cuando analizamos la indigencia, que pasó de un 8,9% a un impactante 20,3%. Estos números no solo reflejan un aumento en la cantidad de personas que no pueden acceder a una canasta básica alimentaria, sino que nos hablan de un país en el que las condiciones de vida se están deteriorando a una velocidad nunca antes vista.
Es desolador constatar que quienes ya eran pobres hace un año, hoy lo son aún más. En los hogares pobres, el aumento nominal de los ingresos familiares ha sido insuficiente frente al alza en los precios de bienes y servicios. Mientras los ingresos de estos hogares crecieron un 221%, el valor de la canasta básica total se disparó un 255%, pasando la brecha de pobreza del 37,3 % al 43,3 %. Esta diferencia se debe en gran medida a los aumentos desproporcionados en servicios básicos y bienes no alimentarios regulados, como transporte, electricidad, gas, agua, habilitados por el nuevo gobierno al inicio de su gestión.
Como consecuencia, grandes contingentes de sectores medios y medios bajos ingresaron rápidamente en la pobreza; en un grado y una velocidad prácticamente desconocidas hasta hoy fuera de los episodios hiperinflacionarios.
En este sentido, la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes es particularmente alarmante. Los datos muestran que el 70,1% de los menores de 14 años y el 74% de los adolescentes de 15 a 17 años viven hoy en situación de pobreza. No podemos ignorar que casi un tercio de las infancias (30,2%) y más de un tercio de las juventudes (34,5%) en Argentina están en condiciones de indigencia, es decir, en hogares con ingresos que no alcanzan para cubrir siquiera los alimentos básicos. Estos números deben alarmarnos y empujarnos a la acción, porque son ellos quienes representan el presente y el futuro de nuestro país, y no podemos permitir que crezcan en un contexto de hambre y desesperanza.
Entre las familias indigentes no hubo cambios sustanciales en la brecha de indigencia, en esto se puede conjeturar que cumplieron un papel destacado los aumentos en la AUH y en la Prestación Alimentar.
Pero el deterioro no solo afecta a los más jóvenes; si bien la pobreza y la indigencia en las infancias son preocupantes, la situación de los adultos mayores es angustiante. Este grupo etario, que debería disfrutar de una vejez digna, se ve cada vez más arrastrado a la pobreza, que se ha casi triplicado en un año, pasando del 12,4% al 30,1%. La indigencia, por su parte, ha cuadruplicado su incidencia, subiendo del 1% al 4,1%, manifestando la peor evolución entre los grupos considerados. Estos datos son un claro reflejo de las políticas de ajuste y recortes que han erosionado los haberes reales de nuestros jubilados y pensionados. Es inaceptable y doloroso que quienes trabajaron toda su vida ahora se vean obligados a elegir entre comprar medicamentos, alimentos o pagar los servicios.
El análisis de la comparación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2023 con los del mismo periodo del 2024, revela que muchas localidades importantes del país están siendo profundamente golpeadas. En Gran Resistencia (Chaco), la pobreza se disparó del 57,8% al 80%, y más del 38% de su población vive en la indigencia. Lo mismo ocurre en otras zonas del norte, donde más del 65% de la población no logra cubrir la canasta básica. En Ushuaia/Río Grande, la pobreza se duplicó en un año, mientras que en otros aglomerados como Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Río Gallegos y el Gran La Plata, llega casi a duplicar su incidencia, presentando incrementos que encienden las alarmas.
El único Aglomerado que ve disminuir la pobreza es Neuquén, acaso a causa del boom de Vaca Muerta. No obstante, esta mejora coexiste con un fuerte incremento de la indigencia, que entre ambos trimestres pasa del 6% al 14%. La situación de Neuquén amerita dos observaciones. La primera es que el boom petrolero hasta ahora no extiende sus beneficios más allá de los confines de esa provincia. La segunda es que – si se deja que el mercado se autoregule, sin que se calibren las políticas de protección social- fenómenos como el citado pueden contribuir a la fragmentación social y a un incremento de la desigualdad.
Estos números no solo reflejan un contexto de crisis, sino que ponen en evidencia la falta de políticas de desarrollo productivo regional y el abandono al que se ha sometido a nuestras provincias.
Esta realidad es la consecuencia directa de las políticas deshumanizadas y sin rostro implementadas por el gobierno nacional. En solo ocho meses, han paralizado la ayuda alimentaria, permitiendo que 5 mil toneladas de comida se pudran en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social. Además, se han involucrado en la intermediación para adquirir alimentos por un monto de $14.000 millones, una operación que aún no lograron concretar. Han congelado la inversión anual en el Servicio Alimentario Escolar, un ajuste sin precedentes que afecta a todas las provincias, reduciendo las partidas destinadas a los alimentos preparados en los comedores escolares de todo el país. Asimismo, han suspendido el financiamiento del programa AUNAR, que apoya a las familias ampliadas que acogen a niñas, niños y adolescentes separados de su núcleo primario, y han detenido el Programa de Acompañamiento para el Egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales (PAE). A esto se suma la suspensión de nuevas altas para la reparación económica de los niños y niñas que perdieron a su madre víctima de femicidios, conforme a lo estipulado por la Ley Brisa, y la paralización de la actualización del monto de las becas Progresar, lo que pone en riesgo la educación de millones de jóvenes que ya no pueden continuar sus estudios.
Frente a este escenario no podemos mirar hacia otro lado, es momento de que la política se comprometa de manera real y concreta con quienes más lo necesitan, porque la pobreza no es solo un número, es la realidad de millones de argentinos y argentinas que merecen vivir con dignidad.
Desde el Parlamento seguiremos impulsando proyectos de Ley que pongan en el centro a las personas, y en especial a niñas, niños y adolescentes y sus derechos, y de esta manera exigirle al Poder Ejecutivo un cambio de rumbo en materia económica y social.
Necesitamos un Estado que corrija las asimetrías, que acompañe y contenga las situaciones de extrema vulnerabilidad, y vuelva a impulsar una política pública orientada a la producción, la industria y la generación de empleo, porque no hay fuerzas del cielo que puedan revertir este tremendo proceso de daño y destrucción que recae sobre la población más vulnerable de nuestro país.