El Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden que disponía el reintegro de Ana María Castaño al cargo de secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que había sido destituida por el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, el 1 de abril de 2024.
Castaño era conocida por su cercanía con Olmedo López, el anterior director de la entidad, involucrado en un escándalo de corrupción que tiene en la mira a varios congresistas y funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
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Castaño fue declarada insubsistente por Carrillo en una decisión que, según el director, estaba justificado por la necesidad de reorganizar la estructura de la entidad y restablecer la confianza en los altos cargos de la Ungrd. Sin embargo, la exfuncionaria presentó una acción de tutela, argumentando que su destitución había violado sus derechos laborales, especialmente debido a que se encontraba embarazada al momento de su despido, lo que le otorgaba una protección especial bajo el principio de estabilidad laboral reforzada.
No obstante, Carrillo oficializó su salida con la resolución 0300 del 1 de abril, solicitando “renuncias protocolarias a todos los cargos directivos de libre nombramiento y remoción”, incluyendo la Secretaría General, para “garantizar la moralidad administrativa”. Además, justificó la medida afirmando que Castaño, “tenía paralizada la entidad debido a sus funciones”.
En primera instancia, el Juzgado 31 Penal de Conocimiento de Bogotá falló a favor de Castaño, ordenando su reincorporación inmediata en un plazo de 48 horas y exigiendo el pago retroactivo de las cotizaciones a seguridad social y salud desde su desvinculación.
Sin embargo, la decisión fue apelada y el caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que decidió revocar la sentencia en un fallo contundente. En la providencia, el tribunal argumentó que la insubsistencia de Castaño no solo se debía a que ocupaba un cargo de dirección y confianza, lo cual amerita un tratamiento especial según la normativa vigente, sino también a irregularidades detectadas dentro de la Ungrd durante el tiempo en que Castaño ocupaba el cargo de secretaria general.
El tribunal fue enfático al señalar que, en posiciones de alta responsabilidad como la de secretaria general, “debe prevalecer el elemento de confianza”. En este contexto, las supuestas irregularidades cometidas bajo la gestión de Castaño y su cercanía con Olmedo López, una figura envuelta en polémicas de corrupción, pesaron significativamente en la decisión final.
En el fallo se lee: “REVOCAR la sentencia proferida por la Juez 31° Penal del Circuito de Conocimiento, de fecha 19 de junio de 2024, adicionada por auto de 28 de junio de 2024 y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por ANA MARÍA CASTAÑO ÁLVAREZ EN CONTRA DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD- por las razones expuestas en el texto de la providencia”. Con esta decisión, se pone fin a la posibilidad de que Castaño sea reinstalada en su cargo dentro de la Ungrd.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá deja claro que la confianza en los cargos de dirección es un factor primordial, especialmente en una entidad como la Ungrd, encargada de la gestión del riesgo y la respuesta a desastres y emergencias en el país.
Además, en un contexto donde la lucha contra la corrupción debe ser prioridad nacional, decisiones como esta reafirman la necesidad de transparencia y rectitud en el servicio público. Así las cosas, Ana María Castaño queda definitivamente desvinculada de la Ungrd, cerrando un capítulo de la controversia en la entidad y reafirmando la autoridad de Carlos Carrillo en su misión de reestructurar la planta interna de la entidad.