El vicepresidente de Acción Política y cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas del 9 de junio, Jorge Buxadé, ha apuntado que las instituciones que surjan de estos comicios tienen que ser «creativas» e «inteligentes» para «estudiar y buscar soluciones adaptadas a los diferentes territorios», que protestan por la masificación turística.
Así ha respondido el candidato a la reelección como europarlamentario a preguntas de Europa Press, sobre la respuesta social que ha generado este tema en Baleares y otras zonas de España en las últimas fechas.
Desde su formación comparten la «preocupación» de los vecinos de las zonas turísticas que protestan contra la masificación, algo que ha calificado como una «realidad». Para Vox, estas medidas «nunca» pueden pasar por la prohibición o la creación de nuevos impuestos, ni «las ecotasas que se aplican a todos con independencia de si son turistas o no».
Esta circunstancia la ha ejemplificado su caso como eurodiputado, por lo que debe «viajar mucho» e ir a Estrasburgo –ciudad donde se encuentra el Parlamento Europeo– una vez a la semana. «En Francia está impuesta esa ecotasa y los diputados no son turistas, van a trabajar a Estrasburgo y hay cientos de miles de europeos que se mueven dentro del espacio europeo para trabajar y generar riqueza», ha remarcado, a lo que ha añadido que este es un asunto que se debe estudiar.
Consultado por si Vox podría reconsiderar su apoyo al Govern en caso de que se decida por tomar medidas que limiten la actividad turística, ha indicado que deben ser los representantes del partido en Baleares quienes tomen la decisión en función de la propuesta que se plantee pero ha señalado que esto sería «un futurible».
Aún así, ha recalcado que, «a pesar de todas las dificultades», los acuerdos de gobierno con el PP en Baleares, Comunitat Valenciana, Murcia, Aragón o Castilla y León han tenido «buenos efectos», con «carácter general», y la intención de Vox es «hacer las mejores políticas» para los vecinos de las distintas comunidades autónomas.
«MODELO LINGÜÍSTICO DE MÁXIMOS» PERO «HAY QUE MEDIR FUERZAS»
En ese sentido, se ha mostrado «muy respetuoso» y «escrupuloso» con estos acuerdos de gobierno y con los representantes de Vox Baleares, tras ser preguntado por las primeras informaciones sobre la adhesión de los centros al plan piloto de elección de lengua y si considera que esta medida daría cumplimiento al pacto entre PP y Vox en esta materia.
«Vox tiene un modelo lingüístico de máximos pero dentro de los gobiernos de coalición o en los acuerdos de gobierno con el PP hay que medir las distintas fuerzas», ha alegado.
En cuanto al enfrentamiento que hubo hace unos meses dentro del Grupo Parlamentario de Vox y de algunos integrantes con la dirección nacional, Buxadé ha reivindicado que el partido está «más fuerte y vivo que nunca» después de haber agotado las 300 entradas que habían puesto a la venta entre sus afiliados y simpatizantes para asistir a un acto en Algaida y del acto celebrado este fin de semana en el Palacio de Vista Alegre en Madrid.
Otro de los asuntos tratados ha sido la polémica generada tras la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro, unos hechos sobre los que el diputado balear de la formación Jorge Campos comentó, a través de su cuenta en la red social X, que «muy mal por quemarla: Se ensucia la pared, y podrían haberse ocasionado daños materiales o personales».
Sin embargo, el candidato ha mostrado su «preocupación» porque en Cataluña, Baleares y Valencia, «en muchísimas ocasiones se han quemado banderas nacionales o se ha ultrajado la bandera de España, al Rey y los símbolos de la nación».
Al hilo de las llamadas a rebajar el tono del discurso político tras la reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad o incluso después de la tentativa de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha alegado que la «única violencia que se ejerce en Europa y España la comete la extrema izquierda y el separatismo», al tiempo que ha negado que Vox tenga un discurso de odio.
«INCERTIDUMBRE» SOBRE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN
El ‘caso Koldo’ ha originado la apertura de diversas comisiones de investigación en el Congreso, el Senado, el Parlament y el Parlamento de Canarias pero sobre su desarrollo ha apuntado que Vox mantiene una «cierta incertidumbre», dado que el partido tiene «mucha confianza» en jueces y fiscales. Aún así, ha puntualizado que Vox estará en estas comisiones en la medida que se lo permita «la gran pinza entre PP y PSOE».
Para Buxadé es «evidente» que hay responsabilidades que tienen que deducirse en el orden judicial y otras responsabilidades que tienen consecuencias políticas, por lo que ha sugerido que si sucede lo mismo en el caso de la expresidenta del Govern y presidenta del Congreso, Francina Armengol, «se vaya a su casa con un poco de dignidad».
En relación a los posibles pactos postelectorales para formar el equipo de gobierno de la Comisión Europea, ha descartado que su formación pueda pedir algún cargo dentro del organigrama, ya que «no está en el escenario de su propuesta política» pero lo que sí pretenden es «girar el rumbo de la UE».
De este modo, ha mencionado algunos puntos sobre los que tendría que versar un posible acuerdo con los ‘populares’ europeos como la reforma de la Política Agraria Común o la derogación del Pacto Verde Europeo porque, desde su punto de vista, «ha destruido mucho empleo» en las explotaciones agrarias y ganaderas de Europa al «impedirles competir con el sector primario de terceros países».
Además, ha pedido una nueva reforma del Pacto de Asilo e Inmigración –acordado este mes de mayo–, ya que ha defendido que el último «no sirve para resolver el problema de la inmigración ilegal».
Buxadé ha explicado que este nuevo pacto tendría que «garantizar las deportaciones masivas» de todos los migrantes que residen ilegalmente en territorio europeo y contemplar acuerdos con terceros países para conseguir una «inmigración ordenada» y que quien entre en territorio europeo, «lo haga con una oferta de trabajo».
Al ser preguntado por esos terceros países con los que la UE debería llegar a estos acuerdos y que podrían considerarse seguros, ha citado a Mali, Mauritania o Marruecos y ha señalado la «hipocresía de la izquierda» por mantener acuerdos comerciales pero no calificarlos de países seguros.
Por último y como propuesta para facilitar el acceso a la vivienda, ha reivindicado la liberalización de suelo «secuestrado por los ayuntamientos», la bajada de impuestos en todo el proceso de edificación y facilitar la gestión de la obra de vivienda pública y privada.