Sólo una razón explica por qué Nicolás Maduro llegó a ser presidente de Venezuela. No fue su habilidad para ganar elecciones. Ni su voluntad de robarlas. Ni su oratoria. Fue simplemente que su carismático predecesor, Hugo Chávez, enfermo de cáncer, le nombró heredero. En los prolegómenos de las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio (70 cumpleaños de Chávez), se difundió repetidamente, como una especie de talismán, un vídeo del difunto populista anunciando su decisión, en 2012.
De haber sabido las terribles consecuencias, ¿habría elegido el caudillo a Maduro? Tan desastroso ha sido su gobierno en los últimos 11 años que ambos hombres se han convertido ahora en blanco del oprobio nacional. En una orgía de iconoclasia el día después de que el presidente robara unas elecciones que nunca podría haber ganado limpiamente, los símbolos de la era de Chávez fueron atacados, incluyendo al menos cinco estatuas del difunto líder arrancadas de sus pedestales entre vítores eufóricos. La multitud estaba ansiosa por que el gobierno de Maduro fuera el próximo en caer. Los carteles electorales rosas, en los que aparecía un Maduro radiante, fueron arrancados de las farolas y pisoteados. Las protestas estaban por todas partes, desde los barrios marginales de Caracas, la capital, hasta Valle Lindo, un barrio del estado de Anzoátegui que tradicionalmente ha sido muy leal al régimen. Como era de esperar, Maduro envió a sus matones a las calles mientras sus propagandistas perpetuaban caricaturas perezosas: los que protestaban eran todos miembros mimados de la clase media, o drogadictos, o vándalos. Los propios manifestantes negaron estas afirmaciones. “No somos ricos. Esto es el barrio”, coreaba un grupo en el barrio obrero de Petare. Al menos siete personas, entre ellas un soldado, habían muerto al final de la noche (al cierre de la edición de The Economist habían muerto unas 20, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad o de matones progubernamentales).
Un día antes había aumentado el optimismo. Los venezolanos votaron en lo que parecía la mejor y posiblemente la última oportunidad de librar al país del déspota. Todo el mundo sabía que, desde el principio, el proceso estaba sesgado a favor de Maduro. A la candidata más popular de la oposición, la conservadora María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, se le prohibió participar con argumentos engañosos. Su sustituto fue Edmundo González, un ex diplomático de modales suaves. Maduro tenía acceso total a los medios de comunicación cautivos; a González se le negó ese lujo.
Machado, que en 2002 creó una organización benéfica especializada en la supervisión de los votos, hizo preparativos diligentes con antelación para evitar posibles fraudes. La oposición reclutó a miles de testigos electorales y los desplegó en los casi 16.000 colegios electorales del país. Su tarea principal consistía en registrar las actas, o recibos de voto, que imprimen las máquinas electorales antes de transmitir los resultados a la comisión electoral nacional. A medida que se cerraban las urnas, la gente empezaba a albergar un poco de esperanza. “Me atreví a creer que mi primer voto contaría”, dijo Arturo Silva, un estudiante de 19 años de Caracas.
Pero no fue así. Cuando el apparatchik a la cabeza de la autoridad electoral, Elvis Amoroso, anunció los resultados, no se parecían en nada ni a los sondeos de opinión previos a la votación, ni a los sondeos a pie de urna, ni a un recuento rápido del 30% de las actas realizado por la oposición. Amoroso declaró que Maduro había obtenido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de González. Hasta la fecha, la autoridad ni siquiera ha publicado un desglose de los resultados de cada colegio electoral. González y Machado denuncian fraude y tienen pruebas que lo confirman. Sus equipos han recogido copias del 81% de las actas, que demuestran que el González derrotó a Maduro de forma aplastante, con un 67% de los votos frente al 30% del Sr. Maduro.
La respuesta del régimen a la denuncia es, absurdamente, acusar a la propia oposición de fraude masivo. Las autoridades afirman que Machado encargó un ciberataque, originado en Macedonia del Norte, para intentar alterar la votación. El Centro Carter, organización sin ánimo de lucro fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, emitió el 30 de julio un mordaz informe preliminar tras enviar observadores a las elecciones. En él se afirmaba que el proceso electoral venezolano no cumplía “las normas internacionales de integridad electoral” y desacataba “numerosas disposiciones” de las propias leyes del país. El gobierno del presidente Joe Biden expresó su “seria preocupación” por la victoria del régimen.
Se avecinan tiempos oscuros. Horas antes de la publicación del informe del Centro Carter, Maduro comenzó a detener a figuras de la oposición, incluido Freddy Superlano, líder del partido, que fue filmado mientras unos hombres enmascarados lo metían en la parte trasera de un coche frente a su casa en Caracas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y, junto con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez (su hermana), una de las figuras más poderosas de la camarilla gobernante, tacha a González y Machado de “fascistas” y exige su encarcelamiento. Mientras tanto, Maduro insta a los fisgones pro-régimen a denunciar a los manifestantes a través de una aplicación gubernamental.
Puede que algunas protestas continúen, pero en un país en el que 7 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población, han emigrado en la última década, muchos carecen de energía para seguir luchando. Además, dice un residente de Petare, “ellos tienen las armas”. Phil Gunson, del grupo de reflexión International Crisis Group, afirma que es poco probable que las protestas por sí solas puedan desbancar a Maduro.
Una última esperanza podría ser el ejército. Por el momento se mantiene leal. Venezuela es uno de los países del mundo con mayor número de altos mandos en sus fuerzas armadas, con unos 2.000 generales y almirantes, el doble que en Estados Unidos. Gracias al capitalismo de amiguetes de Maduro, se les ha permitido enriquecerse, mientras que los sospechosos de vacilar son castigados sin piedad. Los miembros de las fuerzas armadas constituyen aproximadamente la mitad de los 300 presos políticos del país, según la clasificación de Foro Penal, un grupo de asistencia jurídica de Caracas.
Un puñado de democracias de la región aún ejercen cierta influencia sobre Maduro y su régimen. Brasil es probablemente el país mejor situado para intentar evitar que Venezuela se convierta en una dictadura aún más cruel. Sin embargo, tras conversaciones privadas con Maduro y González, el principal asesor de política exterior del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, declaró al diario The Guardian el 30 de julio: “Estoy preocupado. Me voy de aquí preocupado”. Estados Unidos y los países de la región, que se preparan para la huida de más venezolanos al extranjero, tienen razón de estarlo también.
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