Tegucigalpa, 2 ago (EFE).- La sentencia contra tres personas implicadas en corrupción vinculada a la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, será conocida el 11 de octubre, un caso por el que la familia de la ecologista volvió a reclamar este viernes justicia.
Los tres acusados comparecieron hoy en la audiencia de individualización de la pena, pero el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción anunciará la sentencia el próximo 11 de octubre, informó el Tribunal Supremo de Honduras.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras solicitó 7 años de cárcel para Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo, por el delito de fraude, y 12 años para Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista asesinada, dijo a EFE que, sea cual sea la sentencia contra los tres acusados, ésta representa algo “histórico” porque es la primera vez que un delito de corrupción que afecta a las comunidades indígenas se judicializa y reclamó justicia.
La sentencia “marca un antes y un después sobre todo en cuanto a los delitos de corrupción que han existido en nuestro país, que son abundantes y muy fuertes para el país”, señaló.
Tres de los seis acusados por este caso, denominado ‘Fraude sobre el Gualcarque’, fueron declarados el 3 de mayo culpables.
Roberto David fue condenado en 2022 a 22 años y seis meses de prisión por la muerte de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando el acusado era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Berta Cáceres, a quien se le galardonó en 2015 con el Premio Goldman, murió a tiros el 2 de marzo de 2016 a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte.
La hija de la ambientalista indicó que la sentencia contra los tres acusados, que puede ser conmutable, refleja «las irregularidades y las acciones ilegales» en relación a la concesión del proyecto Agua Zarca.
«Lo importante es reivindicar que ha existido una estructura criminal al servicio de ciertos intereses económicos», subrayó la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fundó Cáceres.
Enfatizó además que el Estado de Honduras tiene «una deuda para reparar a las comunidades y seguir indagando en responsabilidad de las personas que fueron beneficiadas con estas acciones ilegales y corruptas en torno al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca».
La concesión del proyecto hidroeléctrico “sigue vigente”, denunció Zúñiga, tras pedir al Estado de Honduras la cancelación del permiso de Agua Zarca para que «no sea una amenaza latente» contra el pueblo lenca.
«Continúa el Estado de Honduras en deuda por toda la impunidad que sigue existiendo, por todo lo que debe seguirse investigando y además por la reparación y la atención a esas comunidades que lucharon en defensa del río Gualcarque y que fueron víctimas de estas acciones de corrupción y las acciones de violencia», acotó la hija de Berta Cáceres.