El PSOE llevará este martes al Pleno del Congreso una iniciativa con la que busca que el PP se retrate sobre la necesidad de «dignificar» a las víctimas del franquismo, un texto con el que los socialistas pretenden contestar a la «oleada negacionista» de las políticas de memoria histórica que, a su juicio, está desplegando el partido de Alberto Núñez Feijóo, de la mano de Vox, con las llamadas ‘leyes de concordia’ que han cuestionado los relatores de ONU.
La proposición no de ley, recogida por Europa Press consta de tan sólo dos puntos. El primero reafirma el deber democrático de reparar a las víctimas de la guerra y la dictadura y en el segundo se insta al Gobierno a garantizar «en el marco de sus competencias» la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
En concreto, el texto subraya «el deber y el compromiso» de «proceder a la dignificación, el reconocimiento y la reparación de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y, posteriormente, sufrieron y padecieron las consecuencias y la represión de la dictadura franquista».
De esta forma los socialistas llevarán al Pleno del Congreso su crítica a las ‘leyes de concordia’ impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla León y Comunidad Valenciana, en sustitución de las normativas de memoria hasta ahora vigentes.
Los socialistas inciden en que estas nuevas leyes autonómicas constituyen un «desprecio las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura» y un «desafío a la aplicación, implementación y desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática».
De hecho, el Gobierno ha anunciado que las llevará al Constitucional y las denunciará también en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El mes pasado ya las llevó a la ONU, cuyos relatores ha emitido un informe alertado de que las normas impulsadas por el PP y Vox pueden «invisibilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».
ALERTA DE LA ONU
Los relatores de la ONU firmantes del informe apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura y la Guerra Civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a «las centenares de miles» de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por el régimen de Franco.
Además, recalcan que es deber de «todos los poderes del Estado», incluido el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de «todas las entidades de Gobierno» a nivel nacional, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los Derechos Humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de los mismos».
«Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación», esgrime el informe.