La etapa de juicio oral en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 38 imputados más señalados como miembros de una organización criminal enquistada en la más alta cúpula del partido fujimorista dedicada al lavado de activos dará inicio hoy lunes 1 de julio a partir de las 9:00 a.m. La jueza encargada de la sala, Juan Caballero, ha citado de manera presencial no solo a la titular del partido; sino también a los otros 38 acusados; y al Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía de la Nación, que contará con la presencia del fiscal José Domingo Pérez.
Según lo programado por especialistas judiciales, se tenía previsto que el juicio durara un promedio de 2 años, justo a tiempo para la etapa final de las elecciones presidenciales del 2026; sin embargo, el último domingo en entrevista con Latina, la abogada de Keiko Fujimori y Mark Vito, Giulliana Loza, aclaró que el proceso podría durar mucho más.
Y es que, como se ha revelado en notas previas de Infobae Perú, el juicio más grande contra un partido político en la historia peruana que es mayormente conocido como el ‘Caso Cócteles’ podría verse afectado por una lluvia de pedidos de nulidad y tutela de derechos presentados por los abogados de los imputados. De los cuales, 38 de los 39 se encuentran citados para la sede judicial; así como también se ha convocado la presencia de los dos representantes de dos empresas implicadas, Fuerza Popular, y MVV Bienes raíces.
En conversación con Latina, Loza detalló que el juicio no solo convocará a los casi 40 investigados, sino que también, a lo largo del periodo del juicio, se convocará a poco menos de 2 mil testigos, 1300 entregados por la Fiscalía de la Nación, y poco más de 800 entregados por parte de la defensa. Si de números se trata, la Fiscalía y los abogados se encargarán de sustentar ante los magistrados del tercer juzgado penal colegiado al menos unos 5 mil 200 documentos.
Como si esto no fuera poco, la sala presidida por Caballero deberá evaluar un total de 15 pericias de oficio y de parte y 8 debates periciales. Todos estos documentos terminan por ser al menos unos 8 mil medios de pruebas en general, con los que se busca sustentar, o deslegitimar —ya se trate del Ministerio Público o de los abogados de los imputados— las imputaciones por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia que pesan contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori.