El Gobierno ha restado importancia a la derogación del artículo que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los jueces planteaban cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, según Junts, dificultaba o retrasaba la aplicación de la ley que amnistía una década del ‘procés’. El Ejecutivo sostiene que se mantendrá la costumbre jurídica, es decir, se suspenderán los procedimientos si hay un recurso ante el tribunal europeo.
Ante las preguntas de los medios en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señala que la «costumbre jurídica» aplicada hasta el momento «se mantendrá, con independencia de los cambios que se han producido en el día de hoy» y por tanto, si se presenta una cuestión prejudicial, el procedimiento se suspenderá temporalmente.
La número dos del Gobierno y del PSOE ha hecho estas declaraciones después de que el Ejecutivo derogase este jueves vía Real Decreto-Ley el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, ha tratado de restarle trascendencia al señalar que es una cuestión pactada previamente con Junts.
Efectivamente, el Gobierno pactó el pasado mes de enero con el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont suprimir este artículo, a cambio de su apoyo a la convalidación de varios reales decretos leyes, entre ellos el paquete anticrisis. Sin embargo, quedó varios meses aparcado hasta que se ha hecho efectivo este mismo jueves.
En aquel acuerdo, que salvó in extremis los decretos del Gobierno, el PSOE también se comprometió con Junts a eliminar el IVA del aceite de oliva, reformar la ley de sociedades de capital para facilitar la vuelta de empresas a Cataluña y la delegación integral de las competencias de inmigración, entre otras medidas.