PP y PSOE han rechazado este miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado una iniciativa del BNG en la que se planteaba el traspaso a Galicia de más de 20 competencias, entre las que destacaban la transferencia de Tráfico, la de inmigración, la de la Gestión del Ingreso Mínimo Vital y la de Instituciones Penitenciarias, entre otras.
La iniciativa del BNG, que finalmente ha sido rechazada con la mayoría que conforman PP y PSOE, instaba al Gobierno a convocar la Comisión Mixta entre el Estado y la Xunta para negociar el traspaso de varias competencias.
Entre las competencias que el BNG pedía traspasar a Galicia están las de las Autopistas AP9 y AP53; la de Tráfico y seguridad viaria; medios de gestión del dominio público marítimo terrestre y ordenación del litoral; servicios e infraestructuras viarias y ferroviarias que discurren por territorio gallego; Puertos de interés general; obras hidráulicas de interés general o la gestión de la cuenca hidrográfica Miño-Sil.
También pretendían las transferencias de Salvamento marítimo; los servicios sanitarios para los trabajadores del mar; Inspección de trabajo; Metereología; Fomento del empleo; Formación ocupacional; Centros de investigación con sede en Galicia o Paradores de Turismo.
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
La lista de traspasos también incluía las funciones y servicios de Instituciones Penitenciarias; las instalaciones y espacios pertenecientes a Defensa que estén abandonadas o en desuso; la expedición y homologación de títulos académicos, así como emigración e inmigración.
De la misma manera, el BNG reclamaba la aprobación y autorización por parte de las instituciones gallegas de las instalaciones de redes básicas de gas y oleoductos que transcurran por Galiza y asunción de las funciones administrativas de autorización, supervisión y control que desempeña el Estado de refinerías y almacenes de hidrocarburos radicados en Galicia.
El texto, finalmente rechazado, también quería que el Gobierno y la Xunta negociarán para «facilitar la presencia de las instituciones gallegas en entidades de carácter estatal como el Banco de España, Comisión Reguladora del Mercado de Valores, Puertos del Estado, AENA, órganos de dirección y administración de empresas públicas con centros de trabajo en Galiza, etc., y en las comisiones reguladoras de servicios liberalizados (telecomunicaciones, energía)».