El PSOE, Sumar y socios del Gobierno han rechazado este martes en el Congreso la proposición de reforma de la ley del Tribunal Constitucional impulsada por Vox para poder recurrir leyes orgánicas antes incluso de su tramitación parlamentaria, aprobación y entrada en vigor.
Se trata del llamado recurso previo de inconstitucionalidad, que existió en los primeros años de la Constitución, pero que el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra acabó derogando en 1985 argumentando el abuso de la norma por parte de algunas minorías, que paralizaban toda iniciativa legislativa que no considerasen adecuada denunciándolas al TC.
Este recurso se recuperó tres décadas después con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero sólo para las reformas de estatutos de autonomía, ante la crisis de legitimidad generada años antes por el Estatut de Cataluña, que después de aprobarse por las Cortes y por los catalanes en referéndum fue anulado parcialmente por el TC.
Durante el debate de toma en consideración, la diputada de Vox Lourdes Méndez ha defendido que esta reforma es «necesaria», pero «no es suficiente dada la corrupción política» en la que, en su opinión, está inmersa la propia corte de garantías.
A su juicio, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad sería suficiente si hubiera «un juego normal de las instituciones y unas garantías adecuadas». «Pero no es así», ha considerado, para reclamar que debe reformarse la propia naturaleza del tribunal y la forma de elegir a sus magistrados, planteando como una solución que se cree una sala en el Tribunal Supremo para garantizar que el TC esté sometido al control del orden jurisdiccional.
Con todo, el partido que dirige Santiago Abascal sostiene que la ausencia del recurso previo de inconstitucionalidad ha tenido unas consecuencias «irreparables» y ha puesto como ejemplo la entrada en vigor de leyes como la de amnistía, el aborto, de memoria democrática, de eutanasia o del ‘solo sí es sí’, entre otras.
EL TC AVALA LOS «DESMANES» DE SÁNCHEZ
«El Tribunal Constitucional ha convalidado todos los desmanes», ha criticado Méndez, que ha citado como el caso más reciente la anulación de sentencias del ‘caso de los ERE’. «Se ha realizado un ataque desmedido a nuestra Constitución por aquel tribunal que tiene el deber de garantizar su cumplimiento», ha añadido.
Según la diputada, el Constitucional invade el Poder Legislativo y el Poder Judicial y se ha convertido «en la tercera cámara de las Cortes y en un tribunal de casación del Tribunal Supremo, en un órgano de última instancia para revocar las sentencias en función de la agenda ideológica y política» del Gobierno de Pedro Sánchez.
El PP ha avanzado que van a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley planteada por Vox para luego «modularla a través de enmiendas».
Su diputado Carlos Rojas ha hecho hincapié en que el Ejecutivo socialista de González eliminó dicho recurso pero ahora se da la «pardoja» de que, cuarenta años después, quien impone «el bloqueo legislativo es la mayoría en la Mesa del Congreso, provocando una situación anómala que debería ser resuelta» contra las iniciativas que presentan los ‘populares’.
CONTROL «A POSTERIORI, NO PREVIO»
En contra de la propuesta se ha posicionado el PSOE, que ha recordado que en el año 1985 se constató que el recurso previo de inconstitucionalidad se estaba convirtiendo en un «instrumento obstruccionista» en manos de minorías parlamentarias para paralizar la tramitación de leyes.
La diputada Mercedes González ha incidido en que la Constitución regula la intervención del Constitucional como un sistema de control de las leyes «a posteriori, ajeno a todo control previo».
Por parte de Sumar, Íñigo Errejón ha calificado de «predecible» la propuesta de Vox, indicando que su objetivo es «obstaculizar y bloquear el funcionamiento del Congreso» para paralizar la tramitación de las leyes orgánicas, «decidiendo incluso si el Parlamento es soberano para discutirlas o no».
Errejón ha expresado que el Parlamento representa la soberanía nacional. «Porque este intento de bloqueo es una negación de la legitimidad democrática que aquí encarnamos y un intento de tutelar lo que se pierde en las urnas», ha sostenido.
De su lado, Podemos ha tildado de «mamarrachada» la propuesta y de «misil en la línea de flotación de nuestro Estado de Derecho», añadiendo que igual tiene que ver con que la mitad de los recursos que Vox ha presentado ante el TC no han prosperado.
«Están muy enfadados porque no consiguen limitar por esa vía ni las leyes ni los derechos que salen de esta Cámara», ha asegurado la diputada Martina Velarde.
Por último, el PNV ha expuesto que cuando se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad se hizo tras una «experiencia repleta de incongruencias».
El diputado Mikel Legarda ha indicado que esa figura «crea efectos distorsionadores en el funcionamiento del sistema político en cuanto a instrumento de obstruccionismo político parlamentario y de politización del tribunal».
CONTRAPESO A LA INFLUENCIA DE LAS MINORÍAS
«Pero hoy es precisamente el poder de las minorías, a través de los pactos para asegurar al propio Gobierno su supervivencia, y la ausencia de mecanismos como el recurso previo de inconstitucionalidad, lo que está provocando que se socave de manera inadmisible el orden constitucional», rebate Vox en su proposición de ley, en referencia a los socios del Gobierno de coalición.
Con su iniciativa, recogida por Europa Press, lo que pretende Vox es que ese recurso previo se pueda presentar también contra todas las leyes orgánicas que se tramiten en las Cortes, sean proyectos del Gobierno o proposiciones de ley de los grupos o de otros parlamentos.
Lo que no cambia son los requisitos para presentar un recurso de inconstitucionalidad, que en el caso de las Cortes se exige contar con un mínimo de cincuenta diputados o cincuenta senadores.