El Tribunal Supremo de Israel ha sentenciado este martes que no existe ninguna base legal que permita que los ultraortodoxos se libren del servicio militar, en una sentencia con un relevante impacto social que pone en riesgo también la estabilidad política de la coalición de Gobierno, encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Los estudiantes de la ‘yeshiva’ se han librado de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en virtud de una exención que expiró a finales de marzo. En una decisión unánime, los magistrados del Supremo han determinado que el Gobierno ya no puede evitar el reclutamiento, al igual que tampoco puede dar ayudas a este colectivo como sustitutivo al servicio militar.
La sentencia no establece una hoja de ruta sobre la que deba trabajar ahora el Ejecutivo de Netanyahu, ni tampoco estipula cuántos jóvenes ultraortodoxos necesita el Ejército, en un contexto de escalada bélica marcada desde octubre por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Actualmente, habría unos 67.000 potenciales reclutas dentro de este colectivo, según ‘Times of Israel’.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad, uno de los demandantes de este litigio, ha celebrado lo que considera una «victoria histórica para el Estado de derecho y el principio de igualdad» y ha reclamado al Ministerio de Defensa que aplique «cuanto antes» las directrices marcadas desde el Alto Tribunal.
En el lado contrario se sitúan figuras como el líder del Judaísmo Unido de la Torá, el ministro de Vivienda Yitzhak Goldknopf, que ha condenado una decisión que, aunque «esperada», es a su juicio «muy desafortunada». «El Estado de Israel se creó como hogar del pueblo judía, que tiene en la Torá la piedra angular de su existencia», ha argumentado en su cuenta de la red social X.
La sentencia amenaza con provocar nuevas tensiones en el acuerdo de Gobierno y el líder opositor Benny Gantz ha acusado a Netanyahu de buscar a toda costa «soluciones para mantener su coalición» en lugar de resolver cuestiones de fondo como el reclutamiento de estudiantes ultradortoxo. En este sentido, ha sentenciado que se trata de «una necesidad de seguridad» y también de «una obligación moral».