El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una reforma del Tribunal Constitucional impulsada por Vox para poder recurrir leyes orgánicas antes incluso de su tramitación parlamentaria, aprobación y entrada en vigor.
Se trata del llamado recurso previo de inconstitucionalidad, que existió en los primeros años de la Constitución, pero que el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra acabó derogando en 1985 argumentando el abuso de la norma por parte de algunas minorías, que paralizaban toda iniciativa legislativa que no considerasen adecuada denunciando las normas al TC.
Este recurso se recuperó tres décadas años después con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero sólo para las reformas de estatutos de autonomía, ante la crisis de legitimidad generada años antes por el Estatut, que después de aprobarse por las Cortes y por los catalanes en referéndum fue anulado parcialmente por el TC.
CONTRAPESO A LA INFLUENCIA DE LAS MINORÍAS
«Pero hoy es precisamente el poder de las minorías, a través de los pactos para asegurar al propio Gobierno su supervivencia, y la ausencia de mecanismos como el recurso previo de inconstitucionalidad, lo que está provocando que se socave de manera inadmisible el orden constitucional», rebate Vox en su proposición de ley, en referencia a los socios del Gobierno de coalición.
Con su iniciativa, recogida por Europa Press, lo que pretende Vox con su iniciativa es que ese recurso previo se pueda presentar también contra todas las leyes orgánicas que se tramiten en las Cortes, sean proyectos del Gobierno o proposiciones de ley de los grupos o de otros parlamentos.
A su juicio, en todas las legislaciones existe «la necesidad de dotarse de un instrumento que permita una mayor seguridad jurídica y evite la aplicación de leyes que resulten contrarias a los principios básicos del ordenamiento jurídico y produzcan daños irreparables por la inconstitucionalidad de normas ya aprobadas».
Lo que no cambia son los requisitos para presentar un recurso de inconstitucionalidad, que en el caso de las Cortes se exige contar con un mínimo de cincuenta diputados o cincuenta senadores.